El contrato Cravo Norte cuenta con una extensión de 26.656 hectáreas donde se construyeron las facilidades de producción PF-1 y PF-2 con un sistema de lagunas artificiales de 83 hectáreas para tratar las aguas residuales industriales, carreteras internas, líneas eléctricas y de flujo, y numerosas plataformas que –a 2017– albergaban 628 pozos, con una profundidad promedio de 2,29 km, y de los cuales 337 estaban activos (ANLA, CT 4703 de 28-SEP-2017). Caño Limón obtuvo la licencia de viabilidad ambiental por medio de la Resolución 124 de 1990 del INDERENA, y su Plan de Manejo Ambiental, establecido previamente en la Resolución 186 del 21-FEB-2003, fue ajustado mediante la Resolución 877 del 16-AGO-2016 de la ANLA. El complejo cuenta con un permiso de vertimientos de hasta 3’347.321 barriles/día (6,16 m3/s), lo cual equivale a 212,8 piscinas olímpicas/día, y que se realiza en dos puntos cercanos al límite norte de estero mayor del Lipa.

En 1990, cuando el campo Caño Limón estaba en su pico de producción registró en promedio una producción de 250.000 barriles/día (INDERENA, R.124/1990, p.3), cediendo el liderato en producción de hidrocarburos durante la década a los Campos Cusiana y Cupiagua en Casanare, y posteriormente, en la década del 2000, a los Campos del Meta como Rubiales, Castilla y Chichimene. La producción de Caño Limón en 2017 fue en promedio de 35.000 barriles/día, de los cuales cerca de 12.000 provinieron del Contrato Chipirón (ANH, 2017). El contrato con la OXY fue extendido en 2004 hasta el límite económico de los campos, compañía que vendió sus activos continentales en Colombia a la compañía SierraCol Energy en 2020, propiedad de Carlyle Group.

A partir de la década de 1980, la compañía estadounidense Occidental (OXY) se convierte en el actor privado más poderoso, en cabeza de la explotación del Complejo Caño Limón, contando con el favor y/o respaldo del gobierno central, las FF. MM., las administraciones municipales y una institucionalidad ambiental debilitada. Los actores armados ilegales, en particular el Frente Domingo Laín del ELN, logran capitalizar el descontento social y ven en la actividad petrolera una oportunidad de fortalecimiento de sus estructuras, recurriendo a extorsiones y secuestros, hechos que conducen a la intensificación del conflicto armado en las siguientes décadas. 

De otro lado, la relación entre la OXY y los pobladores de la región ha sido conflictiva pues, aunque la actividad petrolera ha incentivado el poblamiento de la región por las expectativas de empleo y desarrollo, también ha limitado la adjudicación de baldíos y la ocupación de terrenos al interior de los bloques, siendo señalada de contaminar las fuentes hídricas, reducir la biodiversidad y alterar el régimen hidrológico en el Lipa. Cabe recalcar que dichas afectaciones ambientales también tienen su parte de responsabilidad en la ejecución de obras hidráulicas impulsadas por el Estado y en los actores que promueven y se benefician de la apertura de frontera agrícola al interior del Lipa. 

Por último, en el conflicto ambiental por la degradación de los Esteros del Lipa se resalta el rol del Estado en los siguientes puntos: su fracaso histórico en la conducción y finalización del proceso colonizador; su deficiente papel como regulador de los sectores productivos y extractivos en pro del interés general; y su débil respuesta para garantizar los derechos de los pobladores de las regiones de frontera, en particular, el pueblo Hitnu, así como la protección de los ecosistemas de alto valor ambiental. Con todo ello, el Estado ha contribuido sustancialmente a perpetuar la crisis social que sufre la región araucana y el poder de los actores que se benefician con un territorio desordenado, con altos índices de desigualdad y en permanente disputa armada.

Por un lado, es preciso reconocer que la deforestación asociada a la expansión de la frontera agrícola, así como la modificación de la red de ríos y caños que alimentaba al Lipa, se iniciaron a mediados del siglo XX por el proceso colonizador y han sido continuadas en cierto grado por la actividad petrolera a partir de la década de 1980 (IDEAM, 2000).

De otro lado, la operación petrolera es responsable de otro tipo de afectaciones ambientales como las causadas los gigantescos vertimientos de desechos industriales a las fuentes hídricas y las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que ocurren diariamente desde 1986. Así, por ejemplo, en 1990 se descargaron 211,2 toneladas (t) de grasas y aceites en el sistema hidrológico de la zona, y se emitieron 274.900 t de CO2 y 4.280 t SO2 (IDEAM, 2000, p. 157, 171). En el año de 2016, el complejo Caño Limón vertió en promedio un volumen equivalente a 121 piscinas olímpicas diarias de aguas de desecho a los esteros Agua Verde y La Conquista, al norte del Estero del Lipa (a partir de Corporinoquia, CT No. 500.10.16-1565 de 18-NOV-2016, p.17). Las comunidades señalan que producto de la contaminación generada, la biodiversidad del Lipa desapareció en gran medida, y análisis recientes de Corporinoquia han detectado altos niveles de bario (9.57 mg/L y 2,1 mg/L) en aguas y suelos de los Esteros del Lipa así como contaminación por hidrocarburos (Corporinoquia, CT 700.10.1.17.0528 de 2017; Corporinoquia, Auto 200.6-18.4148 de 2018, p.22, 25).

Actualmente, el flujo reducido de agua que ingresa al Lipa, sumado a la contaminación petrolera y a las escorrentías agrícolas, han contribuido a los procesos de eutrofización, estimulando la proliferación de macrófitas que cubre casi completamente los espejos de agua, y llevando a valores mínimos los niveles de oxígeno disuelto mientras que, a simple vista, continúa la tala de bosques de galería, la quema en las zonas de fluctuación del estero y el avance de los arrozales sobre los humedales (ver OXY, 2010, p.50, 87-88; ANLA, CT 4703 de 28-SEP-2017, p.24, 33; Corporinoquia, CT 500.8.2.18-0426 de 08-JUN-2018, p.27).

En 2017, Corporinoquia detectó altos niveles (9.57 mg/L y 2,1 mg/L) del metal pesado y elemento con reconocido efecto adverso en la salud humana Bario (Ba), cuyo valor máximo aceptable es de 0,7 mg/L (MAVDT, R.2115/2007), en muestras de agua y suelo en la vecindad de la plataforma multipozo Chipirón T-B, construida en una zona inundable en el centro del estero mayor del Lipa en 2012 (Corporinoquia, CT 700.10.1.17.0528 de 2017). En 2018, el Bario también fue detectado en las aguas subterráneas en cercanías al estero de Lipa. Al respecto Corporinoquia declara que dicha situación puede interpretarse como una infiltración y acumulación de este metal a partir de los vertimientos de PF-1 (Corporinoquia, Auto 200.6-18.4148 de 2018, p.22). 

Adicionalmente, la Corporación inició una investigación sancionatoria por “contaminación de las aguas subterráneas por Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) en la zona de influencia directa de las facilidades de producción PF1 y PF2” del Campo Caño Limón (Arauca) donde se hallaron valores entre 2,2 y 3,3 mg/L (Corporinoquia, Auto 200.6-18.4148 de 2018, p.25), investigación que hasta el primer semestre de 2021 seguía en curso sin presentar resultados. Lo anterior es, si se quiere, más grave considerando que la mayoría de la población en el área de influencia capta el líquido para su consumo en los acuíferos superficiales, por medio de pozos o “puntillos”.

Al respecto, líderes sociales han denunciado graves afectaciones a la salud, incluyendo casos de recién nacidos con malformaciones, debidas presuntamente a la presencia de químicos tóxicos y metales pesados en las aguas superficiales, particularmente en la vereda El Sinaí (Arauca), afectada por los vertimientos de aguas de desecho del Campo Caño Limón (Kroener, 2018).

Los Esteros del Lipa corresponden a un área núcleo y corredor de conectividad de la Estructura Ecológica Principal de los municipios de Arauca y Arauquita (IAvH, 2020; Prüssmann et al. 2020), y en esa medida garantizan “el mantenimiento de la integridad de la biodiversidad, la provisión de servicios ambientales (agua, suelos, recursos biológicos y clima)” así como “la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes y la perpetuación de la vida” (Van der Hammen y Andrade, 2002), brindando “la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones” (MAVDT, Decreto 3600 de 2007, Art.1).

Así las cosas, la progresiva degradación del Lipa ha redundado en la reducción y/o perdida de importantes servicios o beneficios ambientales para los habitantes de la región, tales como la caza, la pesca y la disponibilidad de los recursos forestales, el potencial paisajístico y ecoturístico de la llanura inundable, y la amortiguación de las crecientes. Este último punto es probablemente el más crítico hoy en día, pues los Esteros del Lipa se encuentran en áreas con amenaza alta y media de inundación (PBOT Arauca 2015 y PBOT Arauquita 2009). El 61,8% de la población departamental se encuentra en expuesta a una amenaza hidrometeorológica y el 52,6% vive en condiciones de vulnerabilidad social (DNP, 2018, p.21-22).

De otro lado, la instrumentalización del proceso colonizador ha derivado en una alta concentración de la tierra en Arauca (PNUD, 2011; IGAC, 2012; ANT, 2018) y en la expansión frontera agrícola al interior del Lipa, principalmente para el cultivo de arroz secano. Según la Agencia Nacional de Tierras, los indicadores sociales en la región no han sido mejorados por el avance de la agroindustria ni de la actividad petrolera (ANT 2018, p.71), pero si se encuentran asociados con la perdida de ecosistemas estratégicos y la generación de pasivos ambientales. El departamento registra un 32.2% de su población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de las cuales 9.2% se encuentran en condición de miseria. A nivel municipal y en las áreas rurales, el NBI de Arauca alcanza el 55% (con 18,8% de la población en condición de miseria) mientras que, en Arauquita, el NBI registra el 45.9% (con 11.3% está en condición de miseria). Frente al índice de Pobreza Multidimensional en las áreas rurales, Arauca y Arauquita registran 60% y 52,9% respectivamente, con niveles de desempleo de larga duración por encima del 40% (DANE, Censo Nacional de Población y Vivienda, 2018).

Por otro lado, de acuerdo con las bases catastrales y registrales oficiales, cerca de la mitad del complejo de humedales del Lipa correspondería a predios baldíos de la Nación, lo cual facilitaría una ambiciosa estrategia de recuperación y protección del Lipa, por ejemplo, su declaratoria como humedal Ramsar, hecho que no riñe con adelantar ciertas actividades productivas en su interior, de acuerdo con un Plan de Manejo Ambiental. Al respecto, resulta clave suspender la adjudicación de tierras al interior del Lipa y recuperar los terrenos que han sido ilegalmente ocupados y/o transformados, ofreciendo siempre a los sujetos de reforma agraria alternativas en otras áreas. También vale mencionar que existe una propuesta surgida desde las comunidades que podría ayudar al río Lipa a recuperar su caudal, interviniendo algunos caños que conectan el río Caranal con los esteros, contribuyendo a mitigar las inundaciones. Este tipo de iniciativas podrían complementarse con estrategias de gobernanza ambiental (por ej. el Monitoreo Ambiental Comunitario Participativo) y con el rescate del conocimiento del pueblo Hitnu sobre la llanura inundable, pueblo que continúa a la espera -con urgencia- de la implementación de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Constitucional.