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Conflicto: Plantaciones forestales Smurfit Kappa Cartón de Colombia (Cauca)

Listado de Conflictos

La llegada de Smurfit Kappa a Colombia estuvo antecedida por la compra -en 1986- de la Container Corporation of America, por parte del Grupo Jefferson Smurfit en asocio con el banco norteamericano Morgan Stanley. Esta empresa era, a su vez, la socia mayoritaria de Cartón de Colombia, lo cual le permitió al Grupo Smurfit incursionar en la región del Bajo Calima (Buenaventura, Valle del Cauca), en donde la subsidiaria Pulpapel S.A. tenía una concesión para la explotación de 60.000 ha de bosques públicos por un período de 30 años.

En el entretanto, el crecimiento de la empresa se vio estimulado por las exenciones concedidas por el Gobierno Nacional, en virtud de varias disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario que alentaban la reforestación con deducciones sobre el impuesto a la renta, entre otras, lo cual contribuyó al paulatino posicionamiento de Smurfit en el Pacífico colombiano, en donde disponía –para la década de 1990– de 15 aserríos distribuidos a lo largo de la cuenca del Río San Juan y otros 3 en San Isidro, Pichimá y Palestina, respectivamente.

Sin embargo, las denuncias por los efectos de la explotación forestal sobre especies nativas, sumado a las irregularidades en materia del solapamiento del área concesionada con zonas de utilidad pública y de reserva forestal, al igual que la posterior intención de crear el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga (lo cual se materializó en agosto de 2010), llevó a la redefinición de los linderos de la concesión, precipitando la salida de la empresa de la zona que -en adelante- posicionaría sus operaciones en Risaralda, Quindío, Cauca y otros puntos del Valle.

Para el caso del Cauca, sus operaciones se remontan a la década de 1970 en un contexto de alta concentración de la propiedad de la tierra, lo cual ha generado una amplia oposición local, dinamizando las confrontaciones con comunidades étnicas y campesinas, al tiempo que ha propiciado las confrontaciones interétnicas, particularmente entre indígenas y campesinos por la venta estratégica de predios en disputa por parte de la empresa, en donde continúa plantándose pino y eucalipto.

Ahora bien, pese a que las plantaciones forestales en el Cauca ocupan una superficie menor en comparación con la caña de azúcar (el principal cultivo departamental), la presencia de la empresa suscita malestar social, explicando la presencia de un conflicto que guarda relación con la forma en que Smurfit se hace con el control de la tierra, ya sea a través de la compra o el arrendamiento. Esta ha agudizado el panorama de confrontación por la tierra, en medio de las denuncias por varios impactos negativos sobre el medio biofísico, por la incidencia que tienen sus actividades en la soberanía alimentaria dada la sustitución de cultivos de pancoger, así mismo, por las restricciones para el acceso igualitario a la tierra que permita la reproducción social en condiciones de dignidad y autonomía.

Campo diligenciado a partir de Broderick (1998)
Smurfit-Kappa, Colombia | EJAtlas
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Actores principales

Smurfit Kappa / Cabildo La Paila-Naya / Movimiento Campesino de Cajibio / INDERENA / INCORA / FINAGRO / MinAgricultura /

De acuerdo con el IGAC (2012), Cauca es uno de los departamentos de Colombia con mayor coeficiente GINI de Tierras (0,838), lo cual se refleja en el alto peso de los mini y microfundios, estos últimos en manos del 69% de los propietarios del departamento, en claro contraste con el 1% dueño de grandes propiedades (UPRA, 2018). Por su parte, el PNUD (2014) señala que el 81% de los predios del Cauca estaban en la categoría catastral de microfundios para la vigencia 2009, con cerca de 192.251 propietarios que representaban el 78% del total.

Esta desigualdad en el acceso a la tierra es especialmente sentida por la población indígena y afro, en particular aquella que habita las regiones Pacífica, Norte y Oriental, con coeficientes GINI de Tierras por encima de 0,8 (Gamarra, 2007). En relación con la población campesina, se tiene una ocupación histórica en el centro del departamento, en donde han visto incrementar la presión sobre sus tierras con la llegada y consolidación de emprendimientos agroindustriales, los cuales han impulsado la emigración hacia el norte del departamento o hacia las zonas de ladera, con suelos de fertilidad baja y deficientes condiciones de infraestructura (PNUD, 2014).

Si bien la agroindustria tiene presencia en el departamento con anterioridad a la liberalización económica de inicios de la década de 1990, es a partir de esta que cobra especial dinamismo con la implantación de un modelo de libre mercado que favorece las actividades económicas a gran escala (ver Luque, 2016). Ese contexto trajo consigo el fomento de transiciones productivas al interior del sector agropecuario, favoreciendo los cultivos permanentes (p.ej., la caña de azúcar, el banano, la palma aceitera y el café) en desmedro de los cultivos transitorios, todo lo cual ha coadyuvado a la profundización de los conflictos en las áreas rurales (Suescún, 2011).

De esta forma, se profundiza un modelo que favorece sectores extensivos en el uso de la tierra, como el cañicultor que representa el 88% de las toneladas producidas en el departamento, por encima de otros productos como el plátano, el café, la piña y la caña panelera (ver UPRA, 2018). Aparte de profundizar la escasez inducida de tierras, este modelo genera conflictividad debido a las modalidades para hacerse con su control, entre esas la compra a bajos precios y el arrendamiento para el establecimiento de monocultivos, todo lo cual dificulta la conformación de territorios colectivos, afectando -además- la autonomía y soberanía alimentaria de las comunidades locales, al igual que sus fuentes de ingreso.

De lo anterior se anticipan las razones por las cuales las plantaciones forestales de pino y eucalipto en el Cauca generan una fuerte oposición local, pese a ocupar una superficie menor si se las compara con las áreas cubiertas por cultivos de caña de azúcar, como aquellas del norte del Cauca (ver PUJ, 2013).
Las plantaciones forestales comerciales y los sistemas agroforestales productivos con fines comerciales en Colombia están regulados por el Decreto 2803 de 2010, en lo que toca a su registro y a la movilización de productos resultantes: una particularidad de interés porque a diferencia de otras actividades económicas sujetas a permisos y licencias ambientales, aquellas no tienen la obligación de tramitar este tipo de autorizaciones ante las autoridades ambientales, debiéndose registrar únicamente ante el Ministerio de Agricultura o ante las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Municipal, según sea la extensión que integre el sistema productivo en cuestión (ver DAFP, 2010. Artículos 1° y 4°).

En relación con las operaciones de Smurfit en el país, estas se concentran en las cordilleras Occidental y Central sobre 6 departamentos y 33 municipios, administrativamente divididos en 3 zonas (Norte, Centro y Sur) que se subdividen en 16 núcleos forestales integrados -a su vez- por 91 subnúcleos. Al 31 de diciembre de 2019, la División Forestal de la empresa reportaba operaciones sobre 67.879 ha, con diferentes usos del suelo, desde la obtención de fibra larga y corta, pasando por la investigación y vivero, hasta el alistamiento, entre otros (Smurfit, 2020).

De acuerdo con la fuente citada, las plantaciones se llevan a cabo sobre suelos derivados de cenizas volcánicas (64% del total), seguido de los derivados de diabasas, basaltos y gabros con el restante 36%. Reporta, además, el predominio de "las texturas francas y arcillosas de características expansivas y no expansivas sobre las características arenosas (...) con baja a muy baja saturación de bases y de alta a muy alta saturación de aluminio", lo cual les permite afirmar que operan sobre suelos con vocación forestal. Frente a la topografía, señalan que gran proporción de las plantaciones se ubica en pendientes que oscilan entre 0% y 80%, localizándose -en su mayoría- "en el flanco oriental de la cordillera occidental, y el flanco occidental de la cordillera central, en terrenos que drenan a la cuenca del Río Cauca y del Río Patía" (p.18).

Su modelo de producción se basa en la planificación forestal que integra "conceptos de manejo forestal sostenible (tener bosques a perpetuidad), [aplicando] métodos matemáticos de programación lineal y análisis económico, con el propósito de formular escenarios factibles y disponer de soportes para tomar decisiones de largo y mediano plazo", en las que entran variables como, por ejemplo, la política forestal y la valoración del patrimonio, esto es la combinación óptima de tierra y madera según los esquemas de manejo propuestos y la regulación, entre otras (p.30).

Finalmente, de las casi 70.000 ha bajo control de la empresa, Smurfit (2020) afirma que 22.389 ha están cubiertas por bosques naturales, ya sea por guaduales o por plantaciones protectoras "que se han dejado en pie por acuerdos con comunidades o la decisión de no afectar áreas de especial valor" (p.20).
Smurfit empieza a adquirir propiedades en el Cauca hacia la década de 1970, particularmente sobre áreas transformadas en las que inició la plantación de pinos, la cual enfrentó la oposición de comunidades indígenas, considerando los derechos y el proceso de ocupación previa que estos últimos alegaban respecto a los predios anotados. Tal fue el caso de la región La Paila (Buenos Aires, Cauca), en donde comunidades del pueblo Nasa afirmaban que su presencia en la zona se remontaba a la década de 1920, estando legitimada -además- por la conformación de un Cabildo en 1984, así como del Resguardo La Paila - Naya en 1993.

Para los Nasa, las plantaciones forestales suponen una degradación de la Madre Tierra que implica la ruptura de sus vínculos con ella, transformando las relaciones que sostienen con el entorno y con los demás seres humanos, con lo que el conflicto trasciende la disputa por la tierra para involucrar, en similar proporción, un asunto cultural dadas las cosmovisiones en pugna. Sin embargo, la confrontación por la tierra es el aspecto más visible del conflicto, toda vez que en la zona han sido recurrentes los choques por la titularidad de predios que no fueron incorporados a las áreas de resguardo, muchos de ellos dinamizados por la estrategia de la empresa de vender predios en disputa a campesinos de la zona, como ocurrió en 1991 con la venta de fincas a la Cooperativa Agroforestal S.A., cuyos miembros abandonaron paulatinamente los cultivos de pancoger, para concentrarse en el cuidado del pino y del eucalipto, debido a las deudas que sostenían con Smurfit y a las difíciles condiciones de trabajo del campo.

Un caso emblemático ha sido el de la finca La Elvira en torno a la cual ha habido confrontaciones directas, especialmente durante la década de 1980 tras las sucesivas ocupaciones de las que fue objeto por parte de los indígenas, quienes sustituyeron plantaciones por cultivos de pancoger, desatando procesos de represión, judicialización y de persecución, al tiempo que se ahondaban las diferencias con los campesinos, quienes abiertamente obstaculizaron el proceso de conformación del resguardo en 1989, al impedir la realización del estudio de caracterización económica y social de la comunidad.

De otra parte, cabe señalar que este contexto de inconformismo social ha sido instrumentalizado por grupos al margen de la ley para la realización de acciones violentas, las cuales han contribuido a enrarecer el ambiente entre los actores en pugna y a desviar la atención de la confrontación que pasa a convertirse –de este modo– en un asunto de orden público, oscureciendo las problemáticas de fondo relacionadas con la estructura de la tenencia de la tierra y la exclusión de las mayorías de su acceso (a manera de ejemplo, ver El Tiempo, 1991, 1995, 1995a, 2010).

Los tres primeros párrafos fueron redactados a partir de Broderick (1998)
Las plantaciones forestales son "conjuntos uniformes de árboles de una misma especie, edad y tamaño, dependientes de insumos y manejo externos", diferenciándose de los bosques en la medida en que estos últimos corresponden a unidades funcionales que no obedecen a una escala o a una unidad espacial que los limiten, contando -además- con una estructura y composición diversa "donde el elemento vegetal puede ser preponderante más no único, puesto que fauna y elementos inertes son constituyentes imprescindibles del sistema" (Cardona, 2014.P.193).

Esta diferenciación ha estado en el fondo de los cuestionamientos que se le han hecho a la FAO, cuando señala que la pérdida neta del área del bosque a nivel mundial viene siendo contrarrestada a través de la plantación de árboles a gran escala, frente a lo cual movimientos ambientalistas afirman que la noción de bosque detrás de la afirmación es errada y resulta funcional respecto a los grandes monocultivos de eucalipto, pino, acacia, palma aceitera y caucho, entre otros, cuyos efectos negativos han sido documentados (WRM, 2010).

Entre los de tipo ecosistémico destaca la transformación de coberturas naturales, aunque cabe señalar que no toda plantación se hace sobre áreas sin intervención, así mismo, la alta demanda de agua asociada a la siembra de especies como el pino o el eucalipto que son de interés comercial debido a su rápido crecimiento (ver El Tiempo, 1997). Adicionalmente, se ha documentado la incidencia que tiene la actividad en los procesos erosivos sobre los terrenos en los que se adelanta (muchos de ellos de alta pendiente), los cuales quedan desprovistos de material que retenga el agua lluvia, propiciando la ocurrencia de avalanchas y la pérdida de la capa superficial del suelo (ver Torres, 1991). No obstante, Smurfit (2020) destaca algunas de sus prácticas de manejo para la conservación del suelo, entre esas "el desramado, dimensionado, y descortezado en campo durante la cosecha de las plantaciones de pinos y eucaliptos [pues] permiten que se dejen en el campo residuos vegetales (ramas, hojas, corteza y raíces) cumpliendo una acción protectora" (p.29).

De otra parte, destacan los procesos de acidificación del suelo, como también el agotamiento biológico ante la imposibilidad que enfrenta el sotobosque para desarrollarse, todo lo cual influye en la pérdida de hábitat para especies de fauna (ver El Tiempo, 1997; Broderick, 1998). En cuanto a las acciones que ha desplegado para salvaguardar los Altos Valores de Conservación (AVC) presentes en sus áreas de operación, Smurfit (2020) refiere la sistematización de las áreas de bosque natural que regulan caudales y protegen al suelo de la erosión, en lo cual involucran a las comunidades locales, así mismo, las acciones formativas con un enfoque precautorio con población en edad escolar (p.ej., programa "Mi amigo el bosque"), los monitoreos permanentes sobre coberturas naturales y fuentes de aguas, entre otras.
Las afectaciones a nivel biofísico que se le atribuyen a las plantaciones forestales tienen nexo directo con el deterioro de los bienes ecosistémicos de los que depende el aprovisionamiento de las comunidades y sectores productivos locales, lo cual influye en el bienestar y en los ingresos económicos que perciben estos actores. Si a esto se suma la incidencia que tienen los contextos de desigualdad social relacionados con la concentración de la propiedad de la tierra, conforme se ha documentado en el Cauca, se infieren las razones por las que las actividades extensivas en el uso del recurso terminan limitando, aún más, las condiciones para la reproducción social de la población local, confinada -en su mayoría- en minifundios y microfundios (ver PNUD, 2014; UPRA, 2018).

En términos de justicia ambiental, la mayor parte de estas afectaciones (por no decir, la totalidad) recae en las comunidades marginalizadas, como lo son los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos (ver Gamarra, 2007; PNUD, 2014), cuyos medios de vida se ven comprometidos. Tal es el caso del retroceso de los cultivos transitorios o de pancoger, conforme se amplía la extensión de los cultivos permanentes de mayor escala y tecnificación (p.ej., la caña de azúcar, el banano, la palma aceitera y el café), los cuales cobraron especial dinamismo tras el contexto de liberalización económica de inicios de la década de 1990 (ver Suescún, 2011). Para el caso de las plantaciones forestales, estas se han beneficiado de incentivos económicos otorgados por el Gobierno Nacional (ver Broderick, 1998), mientras las comunidades locales se ven relegadas en las zonas de ladera, precisamente en donde las tierras presentan una ‘fertilidad baja’ y las condiciones de la infraestructura son deficientes (PNUD, 2014).

De otra parte, destacan los choques entre visiones diferenciadas del mundo y de la gestión territorial, pues mientras los actores con mayor influencia orientan sus decisiones siguiendo criterios de rentabilidad, otros actores -como los indígenas- consideran que los monocultivos vulneran a la Madre Tierra, transformando las relaciones que los nativos tienen con ella y con otros grupos humanos, con lo que puede afirmarse que las plantaciones forestales también generan impactos negativos a nivel cultural, en particular el cambio de las tradiciones y de las formas en que las comunidades utilizan el bosque (ver Broderick, 1998).

Finalmente, durante las fases tempranas de operación de Smurfit en el suroccidente del país, se reportaron afectaciones en las condiciones de los trabajadores de las plantaciones (en su mayoría afrodescendientes), conforme arrojó un estudio que adelantó la Universidad Pontificia Bolivariana en 1993 por solicitud de la empresa, el cual daba cuenta de las complejas condiciones laborales debido a las altas temperaturas, la carencia de dotación reglamentaria, así como de programas de atención en salud e higiene (Broderick, 1998).
La transformación positiva de los conflictos en torno a las plantaciones forestales y los monocultivos extensivos en el Cauca, pasa por el abordaje del problema de tierras en el departamento, frente a lo cual urge el cumplimiento de lo establecido en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz (2016). En este se reconocen los aportes de los pueblos étnicos al mantenimiento de una paz sostenible y duradera, al igual que las condiciones históricas de injusticia que les ha afectado, razón por la cual establece una serie de salvaguardas y garantías, entre esas la protección de los territorios colectivos y el acceso a tierras, para lo cual plantea "la adjudicación de predios y procedimientos de formalización [que] se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras" (Pp.205-208).

El acceso igualitario a la tierra permite no solo el desarrollo de las actividades económicas de comunidades marginalizadas, sino que es condición sine qua non para la reproducción cultural de los pueblos étnicos, cuyas formas diferenciales de relacionamiento con el medio son de importancia para la conservación de la diversidad cultural de la Nación, siendo replicadas -a manera de ejemplo- a través de las prácticas y de las representaciones en lugares comunes como la escuela, en donde se recrean las particularidades de cada pueblo, como hacen los indígenas Misak del municipio de Cajibío (ver Misak Humana, 2019).

Mención aparte merece el campesinado que no dispone de los amparos constitucionales y legales de los pueblos étnicos, por lo que su grado de indefensión es aún mayor de cara a la avanzada agroindustrial. Frente a esto, la conformación de Zonas de Reserva Campesina de la que habla la Ley 160 de 1994, constituye una opción que consideran varios actores en municipios como Cajibío, pese a las dificultades asociadas a su concreción. Al respecto, destacan los esfuerzos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Cajibío (ATCC) que viene impulsando la constitución de una zona de este tipo como apuesta por el buen vivir, yendo más allá del reconocimiento oficial, pues sabedores de los obstáculos procedimentales para lograr este objetivo han optado por la conformación simbólica de una ZRC que agrupa a más de 10 veredas de dicho municipio (Sánchez, 2022).

Más que alternativas al modelo agroindustrial que concentra la tierra y los recursos financieros y de asistencia técnica, estas iniciativas y formas particulares de vida nos recuerdan la existencia de alteridades en el territorio que cuentan con largas trayectorias en el tiempo, lo cual no implica adoptar un enfoque dicotómico entre modelos de producción y de gestión territorial, sino que constituye una invitación para el despliegue de intervenciones públicas (con participación de los involucrados) en pro de la conformación de modelos multimodales de producción que procuren la coexistencia de los actores.
Mapa del conflicto / Geovisor SIAMI


Cauca : Cajibío, Buenos Aires, El Tambo, Sotara, Timbío, Totoró,
Figuras Territoriales: Áreas SINAP
- Parque Nacional Natural Munchique
- Reserva Natural Cajibío (Sueños Verdes)

Estrategias complementarias de conservación
- Zona de Reserva Forestal de Ley 2a del Pacífico 

Territorios étnicos
- Resguardo La Paila - Naya (pueblo Nasa)
- Resguardo Path Yu’ (pueblo Nasa)
- Resguardo Cxayu´ce fxiw (pueblo Nasa) 
- Cabildo Kurak Chak en proceso de constitución de resguardo (pueblo Misak) 
- Consejo Comunitario de Comunidades Negras “Palenque Raíces Africanas”
Cuencas Hídricas: Macrocuenca Magdalena - Cauca. El 70,8% de las plantaciones de Smurfit en Colombia se ubican en áreas que drenan al mar Caribe, con la siguiente distribución: río Cauca con 45 cuencas (69%) y río Bermellón que vierte sus aguas al río Magdalena (1,2%). 

Macrocuenca Pacífico. El 29,2% del área restante en la que opera Smurfit drena sus aguas al océano Pacífico, a través de los ríos Dagua, San Juan, Patía, San Juan de Micay y Anchicayá.
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