Tras la Operación Génesis y Cacarica (1997) en las que el Ejército Nacional se coordinó con estructuras Paramilitares para combatir a la guerrilla de las FARC-EP y que desembocó en el desplazamiento forzado de cientos de pobladores de la zona; los cultivos de palma de aceite empezaron a hacer presencia en territorios de comunidades negras como los Consejos de Curvaradó y Jiguamiandó. En efecto, tras la arremetida paramilitar, empresas como Urapalma fueron apropiándose de las tierras empleando métodos coercitivos para forzar su venta a costos irrisorios; lo cual fue replicado por 8 empresas palmicultoras que adquirieron títulos ilegales sobre tierras inalienables y de gran valor ecológico. Por este caso, la Corte Interamericana de DDHH y la Corte Constitucional se pronunciaron, estableciendo responsabilidades y ordenando la restitución de tierras a los Consejos; cuyos miembros se encuentran agrupados en zonas humanitarias debido a los riesgos contra su integridad que aún persisten