Tras la movilizaciones ciudadanas en contra del proyecto y de la amenaza sobre una de las fuentes de agua más importantes para Bucaramanga, el Ministerio de Ambiente opta por negar la Licencia Ambiental en 2011 (MADS, R.1015/2011). En respuesta, Greystar cambia su nombre a Eco Oro, disminuye la escala del proyecto y opta por la técnica de minería de socavón, reduciendo sus expectativas de producción a cerca de 2,7 millones de onzas de oro en 10 años. 

A poca distancia de Angostura, descendiendo por la ladera, se establece en 2015 el proyecto Soto Norte de Minesa, filial de la compañía Mubadala de Abu Dhabi, al adquirir el proyecto “El Gigante” de AUX Colombia S.A.S. –que a inicios de 2016 ya figuraba como Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINE), junto con el Proyecto Angostura (ANM, 2016). En 2017, se inicia el trámite de licenciamiento ambiental y en octubre de 2020 es archivado por la ANLA. Sin embargo, Minesa comienza un nuevo trámite de licenciamiento ambiental (en curso) y en marzo de 2022 vende el 20% del proyecto a la minera canadiense Aris Gold.

Soto Norte es un megaproyecto de minería subterránea en el cual se removerían 68 Mt de roca durante 25 años para obtener 9 millones de onzas de oro, mediante un extenso sistema de socavones que alcanzaría 780 metros de profundidad. Contaría con una presa de relaves de 60 hectáreas con capacidad de 34 Mt (≈7600 piscinas olímpicas), que incluye un dique de 190 m de altura sobre la quebrada Caneyes, a menos de 2 km aguas arriba del casco urbano de Suratá y en zona de amenaza sísmica alta. También se eliminarían 112 hectáreas de coberturas vegetales de orobioma andino altoandino (EIA Soto Norte 2019, RE, p.154) y se usarían mas de 35 mil toneladas de explosivos (EIA Soto Norte 2019, Cap. 3, p. 346). El Área de Influencia del proyecto en sus costados norte y occidental se ubica a distancias que varían entre los 50 y 950 metros del límite del páramo definido por el MADS en 2014, en zona de bosque alto andino y parcialmente en la franja de transición bosque – páramo. Pese a la incertidumbre por la nueva delimitación de Santurbán que afectará la zona donde se proyecta Soto Norte, la ANLA ha continuado con el trámite de licenciamiento ambiental.

El conflicto en Santurbán es el resultado de un complejo entramado de procesos y actores en distintos periodos y niveles (CC, Sentencia T-361-17, Núm. 1.2). Un primer proceso que define el marco politico-jurídico en el que se desarrolla el conflicto es la reestructuración de la institucionalidad minera, producto de las refomas estructurales o “neoliberales” iniciadas en la década de 1990 bajo los lineamientos del Consenso de Washington y en cabeza del Fondo Monetario Internacional. En el caso colombiano, el proceso reformista –en el que interviene también el Banco Mundial (ver Conpes 2898 de 1997), las empresas privadas, los gremios del sector extractivo y la Cooperación Canadiense–, el Estado cede su participación en el negocio minera a los privados, pasa a ser administrador y regulador, se somete a los arbitrajes de arreglo a diferencias del CIADI (órgano del BM), y expide el Código Minero de 2001. Durante la década del 2000 se presentó el sonado episodio de corrupción y titulación minera masiva conocido como “la piñata minera” y se suscribe el TLC con Canadá en 2009. 

Un segundo proceso para iluminar lo acontecido en Santurbán es la defensa y protección de los páramos, proceso en el cual la Corte Constitucional (CC) ha jugado un rol ambivalente. Aunque la CC reconoció de manera temprana el estado de desprotección en el cual se encontraban estos ecosistemas estratégicos (Sent. C-339 de 2002, Núm. 7, Art. 36) no declaró inexequible el demandado Art. 34 del Código de Minas de 2001 que abrió la puerta a la explotación minera en áreas de importancia ecológica que aún no hacían parte del sistema de Areas Protegidas como los páramos. De otro lado, la CC declaró la exequibilidad del TLC con Canadá (Sent. C-608 de 2010), avalando mecanismos lesivos para el interés y los bienes comunes nacionales, como los que sustentan las demandas de las mineras canadienses contra Colombia que, como Eco Oro, obtuvieron títulos en Santurbán. Otras actuaciones de la CC en relación con Santurbán han sido la prohibición de las actividades extractivas en los páramos en 2016 y la orden de realizar una nueva delimitación del páramo con la participación de las comunidades locales en 2017.

Un tercer proceso que tiene lugar en este caso ha sido el desplazamiento y desaparición de la minería tradicional a manos de la gran minería –y apoyado por MinMinas, así como las declaraciones de áreas protegidas en la alta montaña, lo cual ha puesto en riesgo el sostenimiento de las comunidades locales, deteriorando las relaciones entre actores sociales, institucionales y privados (IAvH, 2014, p. 63, 65; Buitrago, 2014). 

Por último, se destacan las masivas movilizaciones ciudadanas que han tenido su epicentro en Bucaramanga, como las realizadas en febrero de 2011, octubre de 2017 y mayo de 2019, rechazando la gran minería en Santurbán pues, dada la importancia del páramo y el riesgo sobre una importante fuente hídrica que surte al acueducto bumangués.

De acuerdo con Fierro y López (2014, p. 147), “la extracción de las rocas con fines mineros es incompatible con la conservación del agua al causar un impacto irreversible por pérdida de volúmenes importantes de acuíferos y acuitardos”. Con el desarrollo del proyecto Soto Norte, Minesa extraería 67.6 millones de toneladas (Mt) de roca de las entrañas de la montaña y aunque una parte se emplearía en operaciones de retro-llenado de los socavones, la mayor cantidad se depositaría en botaderos y en la presa de relaves sobre la quebrada Caneyes en Suratá, generando afectaciones geoquímicas a perpetuidad (generación de Drenaje Ácido de Mina, liberación de metales pesados y elementos radioactivos) (CGR, 2012, p. 199; Fierro y López, 2014, p.92, 147, 149). De este modo, el acuífero ubicado en el área de la mina –fechado en orden de millones de años– no sólo podría ser parcialmente drenado, sino removido y contaminado en 25 años. Para darse una idea de las dimensiones de la intervención, Bogotá depositó en Doña Juana 2.33 Mt de basura en el año 2018 . Adicionalmente, la presa de relaves en Suratá conllevaría un riesgo permanente para las poblaciones asentadas aguas abajo ante una eventual falla catastrófica de la estructura.

De otro lado, las demandas de las mineras canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle, con presencia en Santurbán, al Estado colombiano por USD$ 764 millones, USD$ 196 millones y USD$ 40-118 millones respectivamente, motivadas por la decisión de la Corte Constitucional de 2016 de prohibir las actividades extractivas en los páramos, ponen en evidencia un Estado débil que pierde con cara y con sello, pues si permite el extractivismo en los ecosistemas estratégicos debe asumir los enormes pasivos ambientales resultantes, y si se niega, se ve sometido a demandas multimillonarias.

El análisis del conflicto ambiental en Santurbán también subraya la necesidad de reorientar la acción estatal para salvaguardar el interés general y el patrimonio natural de la Nación. Al respecto, urge fortalecer el Sistema Nacional Ambiental y avanzar decididamente en la delimitación y protección de los ecosistemas estratégicos, revisar los acuerdos internacionales firmados en condiciones desventajosas para todos los colombianos, así como formular una nueva política minera, decolonizada y de cara a las necesidades sociales y ambientales del país.