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Conflicto: Hidroeléctrica Betania (Huila)

Listado de Conflictos

La Central Hidroeléctrica Betania (CHB) es el primer proyecto de su tipo en la cuenca del río Magdalena y en el Huila, ubicado a 30 km al sur de la capital departamental, en un área del valle superior del río Magdalena que hace parte de la subcuenca Neiva, colindante con la falla de Betania (Olave et al., 1977). Sus antecedentes se remontan a 1948 cuando se destacó el potencial de la inspección de Betania, municipio de Palermo (Huila), para el aprovechamiento hidroenergético, lo cual motivó la contratación de estudios de prefactibilidad a finales de la década de 1960, por parte del Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) (Diario del Huila, 1979, Rodríguez, 2017).

Su construcción se justificó por los aportes que significaría para el suroccidente colombiano en materia de provisión de electricidad, dadas las deficiencias en la prestación del servicio y la dependencia del Huila respecto a la central hidroeléctrica del río Prado (Tolima) (Vanegas, 2018), sin embargo, la puesta en marcha del proyecto estuvo atravesada por dificultades financieras que condujeron a crecientes niveles de endeudamiento (ver DNP, 1985), incidiendo en retrasos en el pago a los contratistas y proveedores (ver Diario del Huila, 1984h), al tiempo que se transformaban las condiciones biofísicas del área de influencia, comprometiendo los medios de vida de la población local e influyendo en el surgimiento de un conflicto ambiental, inédito en la región.

Betania puede considerarse, de este modo, la primera experiencia en el departamento respecto a las implicaciones que tienen las grandes centrales hidroeléctricas sobre los territorios en que son construidas, al alterar sus dinámicas ecológicas y al transformar los modos de apropiación social del entorno, generando procesos de desarraigo que propician la confrontación entre actores que ven afectados sus fuentes de ingreso y referentes identitarios. Los aprendizajes derivados de estas dinámicas han sido determinantes en los procesos de movilización social en contra de la vocación hidroenergética que actores departamentales y nacionales le han conferido a la región, procurando el aprovechamiento de las condiciones orográficas y de disponibilidad hídrica sobre las cuales fueron propuestos otros proyectos hidroeléctricos como Guarapas, Pericongo, Oporapa, Paez, La Plata y El Quimbo (ver Salamanca, 1983, 1983c).

Actores principales

Central de Betania / ICEL / ISA / Electrohuila / Alcaldía de Yaguará / Gobernación del Huila / INDERENA / Procuraduría General / Concejo de Yaguará / Alcaldía de Hobo / INCORA / Caja Agraria / Impregilo y Asociados /

El Huila se ubica en la cuenca alta del río Magdalena que -a su vez- atraviesa al departamento de sur a norte, estructurando las dinámicas demográficas con patrones de asentamiento concentrados en las proximidades de sus márgenes, en las que se sitúan la mayor parte de las cabeceras municipales y de la población rural, con una proporción por encima del 85% del total de habitantes residenciados en las áreas cálidas del valle, conforme anota Guhl (2017), al referirse a las tendencias observadas a mediados de la década de 1970. Ese panorama responde a la presencia de una diversidad de climas y de recursos naturales que favorecen la actividad agropecuaria, cuya producción genera excedentes destinados a los mercados nacionales e -incluso- a los de exportación, siendo un patrón que puede rastrearse desde la segunda mitad del siglo XIX (Camacho, 1890).

Esas condiciones explican, en gran parte, el rechazo que generó Betania una vez comenzaron a manifestarse sus impactos negativos que comprometían las condiciones biofísicas del área de influencia, de las cuales depende la satisfacción de necesidades básicas de la población, así como el dinamismo de los sectores productivos locales, conforme refieren Rojas et al. (2001) cuando señalan los beneficios que se desprenden de las dinámicas ecológicas de la región, como lo es el aprovisionamiento de agua, la irrigación, la generación hidroeléctrica, la pesca tradicional y la piscicultura, así mismo, los beneficios recreativos y culturales que se reflejan en las expresiones identitarias propias del lugar, entre otros.
De acuerdo con un estudio hecho por la Universidad Nacional de Colombia en 1984 (en Duque & Donato, 1988), la Central Hidroeléctrica de Betania genera energía a partir de un embalse que inundó 7.400 ha, principalmente de los municipios de Yaguará y El Hobo, el cual tiene una capacidad de almacenamiento de 1.971,10 (a la 6) m3, con una profundidad máxima de 90 m y una profundidad media de 28 m. De acuerdo con la fuente anotada, la altura de la presa principal es de 91 m, con un nivel de operación mínimo y máximo de 548 msnm y 564 msnm, respectivamente, así como una capacidad instalada de 510 MW, valor que asciende a los 540,9 MW si se atienden a los datos entregados por el Grupo Enel (s.f.), su actual propietario. 

En sus inicios, Betania se concibió con un carácter multipropósito que aparte de la generación de energía, se articularía con proyectos de riego, turismo, usos recreativos y de piscicultura, contribuyendo -además- al control de inundaciones (ver Diario del Huila, 1979). En la actualidad es de importancia la generación eléctrica y la producción piscícola, esta última con cifras que rondan las casi 800 toneladas de pescado al año para el año 2014, producción mayoritariamente exportada a los EEUU (Gómez, 2014. En: Rodríguez, 2017), aunque es probable que la producción haya mermado por efectos de la afectación en la calidad del agua que trajo consigo la operación de El Quimbo, central ubicada 12 km aguas arriba de Betania (ver OCA, 2022). 

Frente a la generación, esta se hace a través de 3 unidades tipo Francis con capacidad de 170 MW cada una (Duque & Donato, 1988), contando con una casa de máquinas superficial convencional cerrada y en concreto, así mismo, con dos vertederos, uno principal de tipo canal abierto controlado mediante compuertas, y uno auxiliar de tipo fusible (Diario del Huila, 1979). En relación con los costos totales del proyecto, el DNP (1985) los estimaba en US$542,5 millones para 1980, distribuidos en moneda local y extranjera, esta última obtenida mediante créditos gestionados por el contratista principal (con garantía de la Nación), esto es el consorcio colombo-italiano Impregilo S.p.a., Estruco Ltda., Pinski Ltda. - GIE S.p.a. Cabe señalar que Betania fue vendida en 1996 por US$497 millones al consorcio conformado por la Empresa Nacional de Electricidad de Chile (Endesa) y la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) (El Tiempo, 1996), posteriormente contralado por el Grupo Enel tras varios traspasos (ver OCA, 2022).
Las diferencias alrededor de Betania comenzaron a ser notorias una vez surgieron cambios en las condiciones de vida de la población local y en el dinamismo de los sectores productivos locales, siendo indicativas las reclamaciones por la compra y pago de tierras, al igual que las peticiones para su uso temporal hasta tanto fueran requeridas por el proyecto. Esto como medida para mitigar el desempleo generado. De modo paralelo, destacan las denuncias por el escaso acompañamiento en materia de capacitación para la inversión adecuada de los recursos derivados de las compensaciones individuales (cuando estas tenían lugar), así como en la formación en competencias para enfrentar los cambios en las actividades económicas tradicionales.

Otro frente de conflicto tenía que ver con los recursos que dejaron de percibir los municipios por concepto del impuesto predial, considerando la compra y posterior anegación de predios, sumado a los incumplimientos de Betania en la reposición de infraestructura afectada por el proyecto, contrariando lo dispuesto por la Ley 56 de 1981, todo lo cual motivó medidas como la adoptada por el Tesorero Municipal de Yaguará cuando embargó las cuentas y maquinaria de la empresa, en medio de un activo control político por parte del Concejo Municipal.

En similar dirección, destacan las diferencias surgidas entre Betania y el INDERENA por irregularidades en la obtención de permisos ambientales y en el proceso de remoción de la cobertura vegetal al interior del vaso del embalse, todo lo cual supuso el surgimiento de impactos ambientales que motivaron la intervención de la autoridad ambiental desde el nivel central y no a través de su oficina regional. Este tipo de medidas estuvieron acompañados por la Procuraduría Regional de Neiva que, en todo caso, actuó de modo contrastante frente al Tesorero de Yaguará, cuando le abrió un proceso de investigación al considerar que no había mérito para cuestionar a una empresa que solo había traído beneficios al departamento. 

Finalmente, destacan los conflictos laborales por la presunta persecución de dirigentes sindicales por parte del contratista principal, el cual recurrió al despido injustificado de trabajadores, incumpliendo -además- con el pago de salarios y prestaciones, así mismo, con la vinculación de personal técnico y profesional extranjero por encima de lo autorizado en la norma. Al respecto, el Ministerio del Trabajo tuvo una participación ambivalente pues, por un lado, salvaguardó a los trabajadores en momentos en que el consorcio constructor solicitó su desvinculación dada la reducción en los requerimientos de mano de obra, mientras -por el otro- daba carta libre para su despido en momentos de huelga general como el registrado en septiembre de 1983.

Estas tres tendencias del conflicto fueron identificadas a partir de la revisión de prensa para el período 1976-1987, cuyas fuentes pueden consultarse en detalle en la tercera sección del documento de análisis del caso.
La construcción de centrales hidroeléctricas implican transformar ecosistemas lóticos en lénticos, con lo cual cuerpos de agua de corriente rápida y oxigenada, quedan convertidos en extensos lagos artificiales, impactando -en primer lugar- la calidad del agua (ver Duque & Donato, 1988), así mismo, los recursos hidrobiológicos, particularmente la fauna íctica (los peces) la cual tiende a desaparecer al no poderse adaptar a las nuevas condiciones de aguas profundas y de baja concentración de oxígeno, al tiempo que ven limitados sus ciclos reproductivos al no poder remontar libremente el río por la barrera que supone la presa (Arango, 1984). De igual modo, intervenciones para la construcción de la presa implicaron alterar las dinámicas de los ríos Yaguará y Magdalena, con la muerte indeterminada de peces en el tramo de medio kilómetro que se secó para construir el muro (Quintero, 1983), siendo recurrentes las denuncias por la inexistencia de estudios sobre "la vida y desarrollo de las especies ictiológicas que pueblan las aguas del Magdalena", así como los efectos que tendría Betania sobre las mismas (Diario del Huila, 1983b).

De otra parte, desde fases tempranas del proyecto se advirtió que este generaría cambios en el clima regional, con el incremento en la humedad originada por un lago de 7.400 ha que influiría en la mayor nubosidad derivada de los procesos de evaporación, propiciando una mayor captura de la radiación solar (Diario del Huila, 1983b, 1984ñ, 1987j). A ello se sumaban los efectos esperados sobre islas y vegas tras la regulación artificial del caudal de las aguas, con lo cual se afectaría la fertilidad en las márgenes de los ríos e inmediaciones, sumado a una mayor erosión en sus orillas (Diario del Huila, 1983b), siendo un frente de preocupación considerando los problemas de desertización a los que se enfrentaba el departamento (ver Diario del Huila, 1983v) que llevaban a cuestionar la inundación de tierras caracterizadas -precisamente- por su fertilidad.
La formación de un embalse trae consigo cambios en las condiciones biofísicas del lugar en el que se ubique, propiciando "el desarrollo de nuevos parásitos y organismos patógenos al romperse el equilibrio" ecológico, por lo cual se esperaba que Betania tuviera implicaciones en términos de salud pública en los municipios de su área de influencia (Arango, 1984). Esos impactos se vieron potenciados por las deficiencias en los sistemas de alcantarillado de los municipios aledaños, sumándose a los problemas de financiación "para la construcción de plantas de tratamientos de aguas residuales en los municipios aguas arriba del embalse", todo lo cual afectaba la calidad del agua y las posibilidades de desarrollo turístico del lugar (Diario del Huila, 1987c). 

De hecho, era usual la acumulación de materia fecal en las orillas del embalse, con problemas reiterados de reflujo de aguas negras que afectaban a las viviendas y al centro médico de Yaguará, generando malos olores e incrementando la incidencia de enfermedades diarreicas y la proliferación de hongos en el área (Polanía, 1987). A esto se sumaba, siguiendo la fuente citada, los proliferación de ventas ambulantes en inmediaciones del embarcadero de Yaguará, sin atender medidas sanitarias de manipulación de alimentos, ni disponer de baños en que usuarios y vendedores pudieran hacer sus necesidades fisiológicas, por lo que al hacerlas libremente terminaban contaminando -aún más- los alimentos y bebidas. 

Los problemas en materia de saneamiento básico tuvieron un punto cúspide en marzo de 1987, cuando cerca del 50% de las casas del casco urbano de Yaguará quedaron inundadas, tras el colapso generalizado del sistema de alcantarillado, con "el agua [brotando] por los inodoros, por los baños y por todas las partes por donde se pudiera filtrar", produciendo la contaminación del municipio aquejado por malos olores y brotes infecciosos en la piel, los cuales también se registraron entre los visitantes del embalse, dada la ausencia de señalización que prohibiera "a los habitantes y visitantes utilizar el agua del lago, ya sea para el baño o para cualquier otra de sus necesidades", dado su nivel de contaminación (Ramírez, 1987).
Para la construcción de Betania se contrataron más de 3.000 trabajadores por un período prolongado de tiempo, por lo que uno de los primeros impactos esperados por las autoridades locales y departamentales tenía que ver con los eventuales "problemas de orden de mercadeo de productos de consumo, de aumento de la prostitución, el consumo de licores, el incremento de la demanda de alojamientos y alimentación", con su efecto sobre el costo de vida, sumado a la mayor demanda de cemento que restringiría la satisfacción de los requerimientos para las construcciones locales (Diario del Huila, 1978d, 1979a).

En cuanto a las afectaciones sobre los medios de vida, destacan las restricciones impuestas por el Gobernador del Huila con ocasión de la desviación del río para la construcción de la presa, cuando prohibió la navegación y la pesca en el tramo del Magdalena comprendido entre el puente de Momicos, en la vía Hobo-Yaguará, y el sitio de Betania, con lo que se afectaron las fuentes de ingreso y de alimentación de quienes adelantaban sus actividades allí (Diario del Huila, 1983). Otra de las actividades comprometidas fue la comercialización de guadua de la que derivaba su sustento varias familias neivanas, las cuales compraban la guadua en fincas ribereñas, organizándolas en grandes balsas que se movían río abajo "hasta el puerto localizado en la desembocadura del río Oro, cerca de la avenida de Circunvalación", en donde el material era vendido (Diario del Huila, 1983b). Con las restricciones sobre la movilidad en el río y los cambios que se sucedieron sobre él, la actividad desapareció.

En relación con la compra de predios para el proyecto, aparte del desempleo generado, surgieron denuncias por el no pago de los precios convenidos (ver Diario del Huila, 1983d), así mismo, por la merma de la producción agropecuaria que afectó los indicadores económicos del departamento, por lo que fueron recurrentes las propuestas para que la central dejara en usufructo las tierras adquiridas mientras estas no fueran requeridas para la implementación del proyecto (Diario del Huila 1983c; Rodríguez, 1983b). De otra parte, surgieron denuncias por deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica en las veredas contiguas a los sitios de obra que sí disponían del servicio en condiciones adecuadas, sumado a los problemas en materia alcantarillado y de acceso al agua potable, especialmente en Yaguará (Diario del Huila 1983c).

Adicionalmente, destacan las afectaciones sobre infraestructura de importancia para la conectividad y la economía regional: tal fue el caso de la vía Yaguará-El Hobo que desapareció parcialmente con el avance de las obras. Esta conectaba no solo a ambos municipios, sino que permitía la comunicación con el departamento de Caquetá y con el sur del Huila, por lo que fue sensible en términos de las negociaciones que se adelantaron para su reposición (ver Diario del Huila, 1986d, 1987, 1987a; Villegas, 1987).
Mapa del conflicto / Geovisor SIAMI


Huila : Yaguará, Hobo, Campoalegre, Palermo, Neiva,
Cuencas Hídricas: Ríos Magdalena y Yaguará (macrocuenca Magdalena - Cauca)
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