Conflictos Ambientales (OCA-IDEA-UN)

Descripción general

En 2018, aterrizó la multinacional canadiense Libero Cobre Ltda. (LCL), a 10 minutos del casco urbano del municipio andino amazónico de Mocoa, capital del departamento de Putumayo), por medio de la adquisición de 4 títulos mineros que suman 7.846 hectáreas y numerosas solicitudes mineras en la misma región. Desde entonces, LCL ha promovido un megaproyecto minero de cobre y molibdeno, mediante intensas campañas publicitarias y de inversión social que buscan ganar el respaldo popular, mientras finaliza el Estudio de Impacto Ambiental y procede a solicitar la Licencia Ambiental.

No obstante, el "proyecto Mocoa" se encuentra en el Macizo Colombiano, una región geográfica de alta riqueza biológica que contiene la “estrella fluvial de Colombia”, generando descontento y preocupación entre la población urbana, la Diócesis municipal, las comunidades étnicas y las organizaciones defensoras del agua, debido a sus implicaciones sociales y ambientales, dado el choque con una visión territorial que le apuesta a la defensa del agua, la vida y el territorio (Carvajal, 2022), en consonancia con la Sentencia 4360 de 2018 que declaró a la Amazonia “sujeto de derechos” y demandó acciones concretas para su protección.

El conflicto ambiental ha surgido por el traslape de los títulos mineros con territorios étnicos legalizados y áreas protegidas, así como por la contravención de las disposiciones del Acuerdo 020 de 2018 del Concejo Municipal de Mocoa que prohíbe la minería a mediana y gran escala. En el marco del proyecto minero, se ha vulnerado el derecho a la Consulta Previa como ha sido determinado en los casos del Resguardo de Alto Condagua y el Consejo Comunitario de Puerto Limón , mientras que otros Consejos Comunitarios y Resguardos de Mocoa, Villagarzón y San Francisco buscan, por medio de acciones legales, que su derecho a ser consultados sea reconocido.

Además, el temor de las comunidades por el megaproyecto minero está justificado por localizarse en la cuenca alta del río Mocoa, área involucrada en la “avalancha de Mocoa” de 2017, uno de los eventos fluviotorrenciales más mortíferos en la historia del país (UNGRD, 2018). Según Corpoamazonia (CT-DTP-292-2022, p. 30-32), bajo las condiciones de inestabilidad geológica que afectan la cuenca alta del río Mocoa, la exploración minera de LCL podría incrementar la amenaza por movimientos en masa y avenidas fluviotorrenciales para las comunidades asentadas aguas abajo. Al respecto, Corpoamazonia ordenó la suspensión de actividades en los títulos del proyecto minero, “por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural y la infracción a la normatividad ambiental relacionada con la protección de los bosques, la prevención de riesgos de desastres y las determinantes ambientales definidas por CORPOAMAZONIA” (Corpoamazonia, Auto DTP No. 202 de 2022).

Actores principales

ANM / Servicio Geológico / Guardianes de la Andinoamazonía / Corpoamazonia / Diócesis de Mocoa - Sibundoy / Concejo Municipal de Mocoa / LCL / Consejos Comunitarios Puerto Limón y Martin Luther King, entre otros / Pueblos indígenas del Alto Putumayo /

Contexto Territorial

El Putumayo abarca un área de 25.968 km2, entre los ríos Caquetá y Putumayo, y se extiende desde del Macizo colombiano y su estrella fluvial, donde nacen 4 de los 5 ríos más importantes del país, aportantes del 70% del agua dulce de la Nación, hasta la llanura amazónica (SGC 2018, p.11; DNP, 2018). Históricamente, el territorio ha sido configurado las economías de extracción (quina, caucho, maderas, pieles, tagua, petróleo, coca), los procesos de colonización y la ampliación de la frontera agrícola.

La explotación aurífera en los ríos Putumayo, Caquetá y sus afluentes data del periodo colonial, definiendo la distribución de los primeros asentamientos en la región (Martínez y Delgado, 2018, p. 30-32). Hoy en día sigue siendo importante la minería artesanal de oro de aluvión, p. ej., en Puerto Limón (Mocoa) donde involucra a 350 familias rurales (Franco-Hernández, 2005). De acuerdo con el DNP (2018, p. 42), la actividad ha venido transformándose en mediana minería en Puerto Limón, Santa Lucia, Puerto Umbría y en el Resguardo de Yunguillo, con incidencia de la minería ilegal y la consecuente contaminación de ecosistemas.

De otro lado, la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca sedimentaria Caquetá‑Putumayo se ha concentrado a lo largo del piedemonte amazónico, principalmente en los municipios de Orito, Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo y Puerto Asís en el Putumayo y en la baja bota caucana (Corpoamazonia ). La exploración petrolera en el Putumayo inició en la década de 1930, alcanzando su pico en 1971 con 71.000 barriles diarios (43% de la producción nacional). “En los años ochenta, el auge cocalero le quitó a la industria petrolera, no solo su papel predominante en la economía de Putumayo, sino su protagonismo en los procesos de poblamiento y consolidación de asentamientos” (CNMH, 2015, p. 144, 278).

Desde 2003, la exploración y explotación petrolera en el Putumayo se intensifica en el departamento, impulsada por los precios internacionales y facilitada además por la intensa campaña militar contra los grupos guerrilleros y las fumigaciones de coca, asegurando las zonas ricas en recursos en el marco del Plan Colombia (2001-2012) (CNMH, 2015, p. 19, 278). A partir de 2005 se adjudican 50 títulos mineros (la mayoría de materiales de arrastre), a lo cual se suman 111 solicitudes que incluyen cobre y oro (ANM, 2022). Para el 2017, el 78% (34.124 personas) de la población de Mocoa había sido víctima de desplazamiento forzado, siendo el municipio que más migrantes recibe en el Putumayo. Mocoa comprende diez resguardos indígenas (11 % de la población) y un Consejo Comunitario, localizados por lo general en zonas de alto riesgo (DNP, 2017; Palomo López, 2021). En la actualidad persisten los factores que sostienen el conflicto armado y la violencia política: el narcotráfico, la presencia de grupos armados ilegales y la victimización de la población civil.

Detalles del Proyecto, Obra o Actividad (POA)

Entre 1973 y 1983, las Naciones Unidas junto con Ingeominas, realizaron un estudio geoquímico y un programa de exploración realizando 31 perforaciones, constatando la presencia de cobre y molibdeno en un área que fue denominada el “depósito de Mocoa”. En 2004, Anglo Gold Ashanti (AGA) adquiere 6 concesiones sobre el depósito, las cuales pasan a manos de Mocoa Ventures Ltd. (subsidiaria de B2Gold Corp.) en 2009, empresa que lleva a cabo 12 perforaciones en el área. En 2018, Mocoa Ventures es adquirida por la multinacional canadiense Libero Cobre Ltda. (LCL), haciéndose a los títulos mineros FJT-131, FJT-132, FJT-141 y FJT-142 que suman 7.830 hectáreas (más JAP-16141 y JAP-16181 que no han sido registradas), y en donde estructura el Proyecto Mocoa de minería a cielo abierto, localizado a 10 km al norte del casco urbano de Mocoa (ANM, 2021; LCL, 2022, p.21). Sin embargo, las pretensiones de LCL van más lejos, pues el depósito de Mocoa hace parte de un cinturón de pórfidos del Jurásico en el sur de Colombia, hecho que explica las 30 solicitudes mineras que LCL tramita en los departamentos de Cauca y Putumayo, de acuerdo con información de la ANM (OCT, 2022).

De acuerdo con el informe técnico de LCL (2022, p. 101), “el depósito Mocoa forma una zona relativamente continua de mineralización de cobre y molibdeno en un área que mide aproximadamente 1,2 km de este a oeste por 1,4 km de norte a sur y se extiende a profundidades de más de 1 km bajo la superficie.” Los recursos inferidos son de 4600 millones de libras de cobre y 510,5 millones de libras de molibdeno (636 Mt con una ley de corte de 0,25% CuEq, 0,33% Cu y 0,036% Mo). Cabe mencionar que los cálculos sobre el potencial minero realizado por LCL cuentan con la sustracción de un área de Reserva Forestal que, en caso de no ser autorizada por el Ministerio de Ambiente, reduciría el tamaño de la explotación a cerca de la mitad. Adicionalmente, LCL ha identificado 9 áreas de alto potencial minero (con pórfido de alta prioridad) asociadas al depósito de cobre de Mocoa, las cuales harían parte de la expansión del proyecto minero (LCL, 2023, p. 21; Cruz, 2022).

Aunque LCL sigue ajustando el proyecto de cara a las críticas que ha recibido, p. ej., considerando la modalidad de minería subterránea o afirmando que no afectaría la Reserva Forestal y las áreas de protección de la cuenca alta del río Mocoa, la intervención originada por la infraestructura minera (remoción de coberturas vegetales, alteración de geoformas que puede intensificar los procesos erosivos, construcción de presas de relave, vibraciones producto de las voladuras, etc.) podría incrementar la amenaza, de manera significativa, por movimientos en masa tipo flujo o avenidas torrenciales, aumentando el riesgo para los habitantes del casco urbano de Mocoa y otras poblaciones localizadas en la parte baja (Corpoamazonia CT-DTP-292-2022, p. 30-32; POMCA Río Mocoa, 2022, p. 32-35; 167-168).

Dinámica de los Actores

A raíz de la tragedia de Mocoa de 2017 y los títulos otorgados a Libero Cobre (LCL) otorgados por Ingeominas en la década del 2000 (ver "Piñata minera") que se traslaparon con áreas protegidas y resguardos indígenas, un sector importante de la sociedad civil, Iglesia, ONG ambientales y autoridades han expresado su desacuerdo con la gran minería y el Proyecto Mocoa. Al respecto, se han realizado la “Gran movilización social en defensa del territorio y el agua” en 2018, y el “Festival Agua, Montaña y Vida” con dos ediciones en 2022 y 2023, mientras que las administraciones departamental y municipal han promovido audiencias públicas (Carvajal, 2022; Asoc. Minga, 2023), y expedido el Acuerdo 20 de 2018 que prohibió la mediana y gran minería en Mocoa.

Sin embargo, en 2019, el Acuerdo fue demandado por la Agencia Nacional de Minería (ANM) argumentando que éste no acataba lo dispuesto en la Sentencia SU-095 de 2018 de la Corte Constitucional, pretensión que fue denegada por los Juzgados Administrativos de Mocoa, al concluir que “los municipios pueden prohibir la actividad minero-energética en sus territorios en ejercicio de sus competencias de protección del medio ambiente y reglamentación del uso del suelo” (Asoc. Minga, 2022), actuación que fue ratificada por el Consejo de Estado en noviembre de 2021. En consecuencia, LCL solicitó la suspensión temporal de sus obligaciones, otorgada por la ANM en junio de 2021 y por el término de un año, pero la minera continuó con la exploración, motivo por el cual fue sancionada con una medida preventiva de suspensión de actividades “por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural y la infracción a la normatividad ambiental relacionada con la protección de los bosques, la prevención de riesgos de desastres y las determinantes ambientales definidas por CORPOAMAZONIA” (Auto DTP No. 202 de 2022). Al respecto, la ANM anunció en febrero de 2023 que el título minero FJT-141 en el que se ha concentrado la exploración y que albergaría el proyecto Mocoa, se encuentra incurso en las causales de caducidad definidas por la Ley (ANM, ESTADO No. PARP-008-2023).

Entretanto, LCL continúa adelantando grandes campañas de legitimación social y publicidad, divulgando la idea de la conveniencia del proyecto y de su sostenibilidad ambiental (ver p. ej. News Putumayo, 2021; Revista Semana, 2022; Trujillo, 2023), sumando aliados institucionales como la Facultad de Minas de la UNAL (sede Medellín) con la que suscribió un convenio de apoyo al Proyecto de Cobre Mocoa "y su cadena de producción enfocada en la transición energética en el departamento de Putumayo” (UNAL, 2022).

Tras llevar su caso a los tribunales, el resguardo Condagua del pueblo Inga logró proteger su derecho a ser consultado frente a las actividades exploratorias mineras de LCL (MinInterior, ST-1450/2022). Otras comunidades como el Consejo Comunitario de Puerto Limón también buscan ser consultadas.

Afectaciones ecosistémicas

De acuerdo con los antecedentes aportados por el Municipio de Mocoa ante el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Mocoa (Rad. 2019-00046 de 29-MAR-2019), en la zona de influencia del proyecto minero de LCL confluyen los ríos Putumayo, Blanco, Pepino, Mocoa y Mulato, lo que da cuenta de su importancia hídrica. “Se estima que el 42% de los acueductos de los municipios del Putumayo dependen de las fuentes hídricas que nacen en esta región”.

En el Concepto Técnico CT-DTP-292-2022 del 06 de abril de 2022 de Corpoamazonia (ver también POMCA Río Mocoa, 2022, p. 39) se alerta sobre el traslape de los títulos mineros de LCL asociados al Proyecto Mocoa con múltiples áreas protegidas, zonas de alta recarga acuífera y de biodiversidad de fauna y flora con especies en vía de extinción, afectando los corredores ecológicos de los ecosistemas andino-amazónicos y del Macizo colombiano.

En abril de 2022, Corpoamazonia impuso una medida preventiva de suspensión de actividades de uso, aprovechamiento, y/o afectación de los recursos naturales renovables en el área de los 4 títulos mineros asociados al proyecto Mocoa, “por el aprovechamiento forestal no autorizado en bosque natural y la infracción a la normatividad ambiental relacionada con la protección de los bosques, la prevención de riesgos de desastres y las determinantes ambientales definidas por CORPOAMAZONIA” (Corpoamazonia, Auto DTP No. 202 de 06-ABR-2022).

Así mismo, la zonificación ambiental del POMCA del río Mocoa (2022, p. 167-168) identifica que “los títulos solicitados y otorgados para explotación de minerales como el cobre, plata, molibdeno, oro y otros, localizados en la parte media de la cuenca que corresponden a las partes altas de las cuencas abastecedoras de acueductos de los ríos: Almorzadero, Conejo, Alto Afán, Taruca, Sangoyaco, Mulato, Rumiyaco y Pepino, deben ser replanteados en el sistema Anna Minero, toda vez que se encuentran en el sector con mayor densidad de fallas geológicas y en consecuencia de amenaza alta y media por movimientos en masa y avenidas torrenciales y de muy alta y alta recarga de acuíferos”.

De acuerdo con la experiencia de la única mina de cobre en explotación en Colombia, el proyecto Minero El Roble (Carmen de Atrato, Chocó) de la canadiense Atico Mining, se tiene la ruptura parcial de la presa de relaves de cola en 2017, ocasionando la filtración de materiales contaminantes durante 6 horas al río Atrato. A esto se suma un estudio de WWF y la Corporación Terra-e en “octubre de 2019, en el que se encontró un aumento en la concentración de metales pesados y otros elementos como zinc, cromo, plomo y arsénico en el río Atrato, aguas abajo de la mina, y alertó que había riesgo de derrumbes en las presas que podrían afectar a la población” (Arbeláez, 2021).

Afectaciones socio-económicas

Actualmente, en el país sólo hay un proyecto minero de cobre activo, de 13 proyectos potenciales localizados en Chocó, Antioquia, Putumayo, Guajira y Cesar: la Minera El Roble de la canadiense Atico Mining, en el Carmen de Atrato, Chocó (El Colombiano, 2022). Siguiendo a Arbeláez (2021), la empresa minera a cargo del proyecto “El Roble” es un actor poderoso en un municipio empobrecido, cuyo índice de pobreza multidimensional (54%) en 2018, fue mayor al promedio del Chocó (42.3%). Los pobladores del Carmen dependen de la actividad minera para su subsistencia, pero sienten que la inversión social ha sido mínima y la afectación al río Atrato no permite ya su disfrute ni la pesca. Pese a que el proyecto de gran minería lleva 30 años extrayendo el mineral, no ha pagado regalías apelando a la interpretación de una norma que buscaba favorecer a la pequeña minería, al establecer la exención del pago por debajo de las 100.000 toneladas al año, sobre lo cual la empresa ha cuantificado el concentrado procesado de cobre que se envía a China para su refinación, en lugar del volumen de roca extraída. Al respecto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) inició el cobro de las regalías dejadas de percibir desde 2014, pero su actuación ha sido demandada por la Contraloría por detrimento patrimonial, pleito jurídico que está en curso. Tras el vencimiento del contrato de concesión en enero de 2022, se anunció la posibilidad de celebrar un nuevo contrato ajustado a la normatividad vigente (Arbeláez, 2021).

De acuerdo con MinHacienda (2021, p.3), la población de Mocoa en 2021 se acerca a los 60.000 habitantes, siendo la minería la principal actividad económica con el 41,1%, seguida por actividades de servicios sociales y personales (21,8%) y del comercio, reparación, restaurantes y hoteles (17,7%), mientras que la agricultura y la ganadería solo se desarrollan para consumo local. El peso de la minería en la economía local contrasta con los índices de pobreza a nivel municipal: “A partir del censo nacional de población y vivienda del DANE 2018 [48.422 hab.], se encontró que en este municipio [Mocoa] las cabeceras y los centros poblados y rurales dispersos presentan un nivel de pobreza multidimensional [IPM] del 20,2% y 37,3% respectivamente, para un total de 24,8%. Las dimensiones más relevantes son trabajo informal (83,2%), bajo logro educativo (43,5%), tasa de dependencia (36,5%), sin aseguramiento en salud (14,9%) y rezago escolar (13,5%)” (MinHacienda, 2021, p.3). Para 2021, Putumayo (22.8%) se situó en el puesto 16 con mayor IPM entre los 34 departamentos (incluyendo Bogotá D.C.), por encima del promedio nacional del 16% (DANE, 2022). Cabe subrayar que el sector minero no es un generador significativo de empleo en el país, con cerca del 1% de la población ocupada (207 mil personas) en 2020-2021 (DANE, 2021, p. 16) y que, en 2020, el PIB minero representó sólo el 1.3% del PIB nacional (ANM, 2022a).

Alternativas

La tragedia causada en Mocoa por el evento fluviotorrencial de 2017 tuvo repercusiones en la prohibición de la mediana y gran minería en el municipio, consignada en el Acuerdo Municipal 020 de 2018, el cual priorizó la protección ambiental, invocando el principio de precaución frente a nuevas situaciones de riesgo y reafirmando la competencia de los entes territoriales locales y regionales para restringir o limitar las actividades mineras en sus jurisdicciones. Pese a las demandas en contra del Acuerdo por parte de la Agencia Nacional de Minería (ANM) (y de un particular), éste sigue en pie y ha sido fundamental conteniendo el avance de la minería a gran escala en el municipio.

Así mismo, la “avalancha de Mocoa” ha impulsado la organización y la movilización social en torno al cuidado del agua y la naturaleza, así como en rechazo de la gran minería y las afectaciones ambientales que genera (ver p. ej. Colectivo Ríos y Reconciliación, 2021; Guardianes de la Andino Amazonia, 2022). Las denuncias de la comunidad y la presión generada por la movilización social conminó a Corpoamazonía a actuar y realizar una visita de verificación en el área intervenida por Libero Cobre, la cual derivó en una medida preventiva de suspensión de actividades de uso, aprovechamiento, y/o afectación de los recursos naturales renovables en los 4 títulos del proyecto Mocoa (Corpoamazonia, Auto DTP No. 202 de 06-ABR-2022), y que puede conducir a la caducidad de los mismos por parte de la ANM.

Así las cosas, la tragedia de Mocoa de 2017 se ha convertido en un actor principal del conflicto ambiental, evidenciando la alta vulnerabilidad de los ecosistemas del piedemonte andino amazónico ante el cambio climático (DNP, 2017), y dando voz a la Naturaleza que advierte sobre las amenazas que pesan sobre la zona urbana de Mocoa y poblaciones aledañas si las zonas de riesgo no son debidamente gestionadas (POMCA Río Mocoa, 2022, p. 32-35).