En 2007 se establece el Plan de Manejo Ambiental Integral (PMAI) de Mares (MAVDT, R. 1641/2007), en el marco del régimen de transición (MADS, D. 1076/2015), con el fin de realizar control y seguimiento ambiental a la explotación de hidrocarburos en la SMA cuyas actividades se desarrollan en los municipios de Barrancabermeja (65%), San Vicente de Chucurí (20%), El Carmen de Chucurí (10%) y Simacota (5%) (CT 882/2007, p.29). Los campos se agrupan en 3 bloques: Centro (de 77.110 ha) (La Cira – Infantas, San Luis, Aguas Blancas, Tenerife, Colorado, Morenas y Mosqueteros 1-7); Lisama (de 15.812 ha) (Lisama – Nutria – Tesoro – Peroles); y Llanito (de 11.095 ha) (Llanito – Gala – Galán – Cardales) y el Área de Influencia Directa (AID) tiene una extensión de 172.320 ha (ANLA, R. 1200/2013, p.18; Auto 5978/2022, p.5).

La explotación petrolera en la región data de 1905, cuando el presidente Rafael Reyes adjudicó a su ahijado la primera concesión petrolera del país (528.000 hectáreas - ha), la cual fue cedida en 1916 a la Tropical Oil Co., filial de la Standard Oil (hoy Exxon Mobil). A finales de la década de 1930, su mayor campo, La Cira-Infantas alcanza su pico de producción con un poco más de 60.000 barriles diarios (B/D), descendiendo a cerca de 25.000 B/D a finales de los años 50, cuando se perforan los primeros pozos inyectores de agua que permiten estabilizar la producción hasta mediados de los años 70, continuando posteriormente con su declive alrededor de los 5.000 B/D en la década del 2000. 

De acuerdo con la ANH, la producción de los campos de la SMA fue de 45.717 B/D en promedio en 2013, alcanzando los 52.026 B/D en 2018 y disminuyendo a 37.792 B/D en 2023. En 2007, la SMA contaba con 840 km de vías y 2.176 pozos (MAVDT, R. 1641/2007, p. 6). Para 2020, en el bloque Centro se identificaron 19 facilidades de producción, 1140 plataformas y 3471 pozos (1768 activos, 411 inactivos y 1291 abandonados); en el bloque Lisama 7 facilidades de producción, 93 plataformas y 274 pozos (61 activos, 63 inactivos y 150 abandonados); y en el bloque Llanito 6 facilidades de producción, 98 plataformas y 349 pozos (123 activos, 69 inactivos y 157 abandonados) (Ecopetrol, 2020 – EIA, Cap. 2.).

En 2006, la CAS expidió el Plan de Manejo de los Humedales del Magdalena Medio Santandereano, delimitando y zonificando los usos de los humedales que estaban en la SMA (CAS, 2006), y en 2007, el Ministerio de Ambiente de la época establece un instrumento para hacer control y seguimiento de la SMA denominado Plan de Manejo Ambiental Integral – PMAI de Mares que, salvo por fuera la infraestructura petrolera anterior a 1993 que queda amparada por el régimen de transición (MADS, D. 1076/2015) , permitiendo que la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS siga expidiendo los permisos de vertimientos, ocupación de cauces y captaciones de fuentes hídricas, entre otros a Ecopetrol. 

Desde 2008, ya es evidente el tire y afloje entre Ecopetrol y el Ministerio de Ambiente sobre las áreas de exclusión de la actividad petrolera, en particular por los humedales y la ronda de protección de los cuerpos hídricos, pues la protección de éstos limitaría en gran medida la expansión del proyecto extractivo (MAVDT, R. 796/2008, p. 5, 14, 31). 

En 2011, la recién creada Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA queda a cargo del PMAI de Mares y de sus modificaciones que autorizan nuevas actividades en la SMA, pero la protección efectiva de los humedales sigue siendo postergada alegando que no existe un acto administrativo por parte de la CAS que acoja el Plan de Manejo de 2006. La situación se repite con el POMCA del río Sogamoso de 2018, el cual presenta la cartografía y zonificación de los humedales de Barrancabermeja, y con la capa actualizada de los humedales del país en 2021 publicada por el Ministerio de Ambiente (ANLA, R. 1653/2022, p. 526), información que pone en evidencia que la infraestructura petrolera se ha expandido sobre los humedales y las rondas hídricas, pero que la ANLA no toma en cuenta hasta tanto no se presente un Plan de Manejo con su respectivo acto administrativo. 

Así lo han denunciado ONGs y voceros de la comunidad, bajo un ambiente de intimidación, como da fe la amenaza a 5 líderes sociales y ambientales de Barrancabermeja por parte de paramilitares (AGC) en noviembre de 2022 (CODT y CSG, 2022), alertando además sobre la expansión petrolera en áreas excluidas de los Distritos de Manejo Integrado en la SMA (ANLA, 2022). De acuerdo con Beuf (2023, p. 14), “en 2022, la adopción del nuevo POT de Barrancabermeja (2022-2035) estableció un modelo territorial mucho más afín a los intereses petroleros, evidenciando la influencia de Ecopetrol en el gobierno municipal.”

En 2007, cuando el Ministerio de Ambiente estableció el Plan de Manejo Ambiental Integral (PMAI), encontró una fuerte degradación ecosistémica, tanto de fauna y flora como en los recursos hidrobiológicos (MAVDT, R. 1641/2007, p.11). Frente a estos últimos, los impactos comprenden el cambio de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial y subterránea, así como en su disponibilidad, y la alteración en la dinámica fluvial (Ecopetrol, 2020). En 2022, la ANLA reconoció que, de acuerdo con el análisis hidrológico regional presentado en el Estudio de Impacto Ambiental, existe una vulnerabilidad, de media a muy alta, al desabastecimiento del recurso hídrico superficial, pero que la actividad petrolera no afecta de manera significativa la oferta hídrica superficial (ANLA, R. 1653/2022, p. 133-134) [ver hito sobre captaciones y vertimientos].

Otra afectación importante en la SMA se deriva de las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales sólo hasta 2022 son objeto de seguimiento (cuantificación) con el fin de implementar acciones de mitigación y adaptación (R. 1653/2022 de ANLA, p. 332).

De otro lado, pese a que el sector petrolero suele afirmar que la operación goza de los mejores estándares para proteger el ambiente, entre 2012 y 2022 Ecopetrol reportó ante la ANLA 1523 contingencias en el marco del proyecto PMAI Mares, de las cuales el 86,61% tuvo un origen tecnológico/operacional (ANLA, R. 2528/2022, p. 141, 207). Así mismo, la investigación de Orduz et al. (2021, p. 10, 149) halló registros de 366 contingencias evitables relacionados con incendios, derrames y fugas de gas entre los años 2017 y 2020 en el Campo La Cira Infantas y en los bloques Lisama y La Rompida, debido al deterioro de materiales (fatiga, corrosión o falta de mantenimiento que devino en rotura) (42,5% de los casos), fallas operacionales (sobrepresión, rebose de tanques, mala manipulación o “error humano”) (24,3%), daños por terceros (hurtos principalmente) (17,4%) y mal abandono o estado inactivo de pozos (6,6%). Al respecto, vale la pena recordar el incidente en el pozo Lisama-158 del año 2018 [ver hito]. 

Así mismo, entrevistas realizadas por Beuf en Barrancabermeja (2023, p. 18) dan cuenta de una reducción drástica del recurso pesquero en relación con la situación de los años 1980-1990 que “no remite solo a la contaminación por los hidrocarburos sino también a otros factores (sobrepesca, presencia de grandes represas, ausencia de tratamiento de aguas domésticas, entre otros)”.

 El estudio de Serrano et al. (1999) dio cuenta de la contaminación por Bario y Cloruros en los caños La Cira y Reposo, receptores de los vertimientos petroleros, donde los niveles sobrepasaban por mucho los niveles permitidos por la norma de entonces, el Decreto 1594/84 (posteriormente la norma pasó 0,7 mg/L con la R.2115/2007 del MAVDT): el Bario no debía superar los 5 g/m3 Ba+2 y se midieron niveles entre 12 y 98,6 g/m3 Ba+2; y la concentración de cloruros, no debía superar los 250 g/m3 Cl- pero sus valores oscilaron entre 4.250 y 9.250 g/m3 Cl-. 

 Así mismo, un informe toxicológico de Ecopetrol de 2003 halló bioacumulación de Bario en la cadena trófica de fitoplancton, zooplancton y peces expuestos, así como una permanencia y acumulación de tóxicos en los sedimentos de las cuencas receptoras, los cuales se hallan en todos los componentes del vertimiento (Ecopetrol, 2003). El Bario (Ba) es un metal pesado con reconocido efecto adverso en la salud humana, encontrado en cantidades elevadas también en los humedales del Lipa por cuenta de la explotación petrolera de Caño Limón en Arauca (Corporinoquia, CT 700.10.1.17.0528 de 2017). Por otra parte, en los espacios de participación, las comunidades del área de influencia han manifestado verse afectadas por las emisiones atmosféricas, las cuales están relacionadas con leucemia, cáncer y azúcar en la sangre (ANLA CT 3802/2022, p. 135), provenientes de la quema de gas natural en las locaciones petroleras, emisiones que sólo hasta 2022 fueron objeto de seguimiento (cuantificación) para implementar acciones de mitigación y adaptación (R. 1653/2022 de ANLA, p. 332).

Respecto al uso del suelo en el área de influencia físico-biótica del proyecto se destaca el uso forestal (productor / protector) con el 44%, la ganadería (semi-intensiva / extensiva) con el 40% (≈ 61.000 cabezas de ganado bovino y 12.000 de bufalino en 2019), y la agricultura con el 7%, la cual corresponde en su gran mayoría con cultivos de palma africana (6081 ha). También se registran alrededor de 2800 pescadores artesanales agrupados en 26 asociaciones, con problemas por la reducción del recurso (Ecopetrol, 2020, Cap. 0, p.60, 73, 175).

En 2007, Ecopetrol estimó que las nuevas técnicas y la reactivación de los campos implicarán nuevos riesgos para la población que habita cerca a los campos (≈ 14.000 personas que habitan en 30 veredas, en un área de 160 km2) por el incremento del tráfico y debido a las conexiones ilegales y riesgosas a la infraestructura petrolera (“pegas”) que abastecen de gas a cerca de 2.000 familias, advirtiendo que se controlarían las nuevas invasiones de terrenos (Ecopetrol, 2007). El programa de reasentamiento (autorizado por la ANLA mediante R. 1610/2016) ha sido polémico, además, porque la autoridad ambiental accedió a reducir la distancia de la ronda de protección de 100 metros, en relación con la infraestructura social y comunitaria, a 48 metros en el campo La Cira Infantas con lo cual, se habrían evitado 732 casos de reasentamiento entre 2017 y 2020 (ANLA, R. 1653/2022, p. 306).

Entre las afectaciones socioeconómicas reconocidas en el Estudio de Impacto Ambiental del PMAI de Mares (Ecopetrol, 2020) figuran la modificación en la organización comunitaria; el cambio en la dinámica población; el cambio en las condiciones de vida de la población por traslado; los cambios en las tradiciones y estilo de vida de la población; la modificación en la propiedad y en la disponibilidad del suelo; el cambio en el valor de la tierra; el cambio en las actividades productivas; el cambio en la dinámica laboral; la modificación en la oferta y demanda de los servicios públicos; y el cambio en la infraestructura residencial y comunitaria.

 En febrero de 2024, el Presidente Gustavo Petro propuso en Barrancabermeja que el Magdalena Medio deje de ser una zona de sacrificio ambiental para convertirse en el “centro de las energías limpias en Colombia”, toda vez que empresas como Ecopetrol deberán transitar hacia otras fuentes de energía en el contexto del cambio climático. El Presidente llamó a la Universidad Industrial de Santander (UIS) a liderar la propuesta, la cual contaría con apoyo financiero del gobierno (USO, 2024). 

 Frente a los “sitios contaminados” que ha dejado la explotación petrolera en la SMA, Ecopetrol deberá presentar y actualizar el inventario de pasivos ambientales en el PMAI Mares y restaurar los mismos en un plazo de 5 años (ANLA, R. 2528/2022, p. 207), acciones que se podrán apoyar en la recién creada Ley 2327 de 2023 sobre la gestión de pasivos ambientales. 

 Por su parte, Peña-Nieto (2024) resalta algunas iniciativas público-privadas como “la Unión Temporal Cuerpos Hídricos y la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja de la cual resultó el proyecto “Fortalecimiento Ambiental para la Conservación y Recuperación de Cuerpos Hídricos en el Distrito de Barrancabermeja”. Este busca implementar medidas enfocadas en la gestión del riesgo por amenazas naturales, como las inundaciones, a partir de la restauración de los cuerpos hídricos locales y la protección de las comunidades ante eventos climáticos extremos (Dígame, 2023)”. O la creación de la “ecoreserva” "Centenario La Pacora" en Barrancabermeja, que contó con el apoyo del Instituto Humboldt y que haría parte de otras 50 proyectadas a 2030 según Ecopetrol (2022).

 Sin embargo, es importante tener en cuenta, como afirma Beuf (2023, p.20), que “la regulación ambiental debe articularse a un ordenamiento territorial que no se reduzca al establecimiento de usos del suelo permitidos y la delimitación de perímetros”. En su lugar, se llama a “construir nuevos ordenamientos territoriales basados en concepciones relacionales del territorio”, por ejemplo, acudiendo al concepto de “objetos límite” (boundary objects) como el agua que es transversal a todos los actores.