Hacia 1948 "se reconoció la importancia del aprovechamiento hidroeléctrico del río Magdalena en las inmediaciones de la población de Betania (Huila)", razón por la cual el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (ICEL) contrató estudios de prefactibilidad con la firma Boshell & Manrique y, posteriormente, con la firma Salgado, Piedrahíta & Escallón en 1967 (Diario del Huila, 1979). Con esta última, los estudios se llevaron a cabo tras la firma de un contrato con el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico (Olave et al., 1977).