El episodio de corrupción conocido como “la piñata minera” se enmarca en el gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), y es protagonizado por el Instituto Nacional de Investigaciones Geológico-Mineras - Ingeominas (hoy Servicio Geológico Colombiano) que fungió como autoridad minera entre 2004 y 2011. En dicho periodo, los títulos pasan de cerca de 1.800 a 8.574 (MME, 2016), otorgándose muchos de ellos en áreas de especial importancia ecológica, tales como los páramos, subpáramos y zonas de recarga de acuíferos, cuya protección había sido recalcada por la Corte Constitucional (CC) en 2002 (Sentencia C-339-02), pero que estaba en mora de hacerse efectiva por no haber llevado a cabo su delimitación y otros procesos requeridos para su incorporación al sistema de áreas protegidas. Aunque la situación le fue advertida a la Corte por medio de la demanda del Art. 34 del Código de Minas de 2001, sólo fue reconocida finalmente en 2016 (CC, Sentencia C-035-16, Núm. 179, p. 157), con la prohibición de adelantar actividades extractivas en los páramos.