La explotación del bosque pluvial del Bajo Calima trajo consigo una serie de afectaciones sobre especies emblemáticas de árboles (p.ej., carrá, cativo, cuángare, sande), pasando por alto los considerables períodos requeridos para que el ecosistema retorne a sus condiciones iniciales, siendo esto indicativo respecto a la subvaloración de la biodiversidad y de la falta de supervisión sobre el impacto que el sector ocasionó sobre el bosque tropical. Si bien la empresa no enfrentó mayores cuestionamientos previo al inicio de la década de 1990, el boom del movimiento ambientalista que antecedió y rodeó a la Conferencia de las Naciones Unidas en Río de Janeiro (1992) incidió en una mayor exposición de las afectaciones que generaba la explotación de los bosques naturales.
Al respecto, destaca la investigación de Margarita Perilla en 1991 sobre inconsistencias detectadas durante el proceso de concesión, concretamente los traslapes del área concesionada con una zona de uso público posteriormente destinada a la Armada Nacional, así mismo, con la Reserva Forestal de Ley 2a del Pacífico, sin que se hubiera identificado trámite alguno para la respectiva sustracción y la obtención de permisos de aprovechamiento forestal. Por su parte, José María Borrero analizó la falta de control ambiental sobre la concesión, en la que se identificó la falta de evaluación ambiental previo a la explotación del recurso, la intervención ecológica incompatible, la desinformación sobre el valor científico, económico y ético de la diversidad de la región y la negligencia de las autoridades competentes al momento de aplicar las normas vigentes.
Ahora bien, la retirada de la empresa de la región estaría relacionada con la presión por parte del INDERENA para el realinderamiento de la concesión con miras a la declaratoria proyectada del Parque Nacional Natural de Bahía Málaga, lo que hacía "inviable aprobar los aprovechamientos forestales solicitados (...) a partir del kilómetro 47". De igual modo, la entidad replanteó las operaciones de los cuarteles, concretamente en lo relacionado con el plan de cortas y los aprovechamientos, sumándose a la creación de un Distrito de Manejo de Integrado Global y la revisión de cerca de 23.775 ha de la concesión.
En lo que toca al Parque proyectado, la decisión implicaba conservar áreas sobre las cuales operaba Pulpapel S.A. (filial de Cartón de Colombia), en particular la Unidad B IV (cuarteles 1, 2, 3 y 4) sobre una extensión de 2.470 ha, lo cual llevó a finalizar el contrato de concesión, siendo un aspecto clave para que Smurfit y sus filiales trasladaran sus operaciones a otros puntos del Valle, así como a otros departamentos como Risaralda, Quindío y Cauca. Aun así, estas empresas siguieron beneficiándose del área al comprar madera extraída por la población local, la cual contaba con un permiso otorgado por la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Buenaventura, con manejo sobre 46.736 ha de selva en cercanías de Buenaventura.
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