Categoría de análisis
Movilización y permanencia / Acción directa
Descripción
Un caso emblemático de conflicto entre Smurfit e indígenas del Cauca se aprecia en el municipio de Buenos Aires, en donde la empresa inició -hacia 1979- la compra de terrenos para sembrar pino. Si bien se trataba de áreas transformadas, la zona es reclamada por los indígenas Nasa quienes alegan haberla ocupado desde inicios del siglo XX, con procesos paulatinos de poblamiento que llevaron -hacia 1974- a conformar un cabildo que fue reconocido por el Estado colombiano 10 años después, luego de lo cual enfilaron sus esfuerzos para la conformación del Resguardo La Paila - Naya que se logró en 1993.
La oposición reside en los temores que las plantaciones generan de cara a la transformación de las prácticas y modos tradicionales de relacionamiento con el medio, con lo que puede afirmarse que se está ante un conflicto cultural que se refleja en la confrontación directa por el control de predios. Tal es el caso de las fincas El Diamante y La Elvira que fueron adquiridas por la empresa, encontrándose con la oposición de los Nasa a quienes les ofrecieron otros terrenos que fueron rechazados al argumentar “que si no queremos las fincas que ellos nos ofrecen es porque no son territorios de nuestros ancestros”.
Entre los puntos álgidos de la confrontación destaca el 5 de enero de 1981, cuando los indígenas invadieron la finca El Diamante que tenía alrededor de 70 ha cultivadas con pino, los cuales fueron arrancados para cultivar yuca, plátano y maíz. Esto llevó al desalojo de los nativos por parte del Ejército, con reportes de judicialización y encarcelamiento que no impidieron -años más tarde- nuevas 'liberaciones', en medio de un ambiente de creciente polarización en el que la empresa acusaba a los indígenas de haber estado detrás de ataques como los registrados en 1989, cuando un carro de la compañía fue atacado a bala por desconocidos mientras se dirigía a una reunión en una de las fincas ocupadas.
El modus operandi de lo ocurrido en El Diamante se repitió en la finca La Elvira en 1989, en la que los Nasa establecieron cultivos de pancoger, viéndose enfrentados a un desalojo liderado por 30 uniformados de la Policía que fueron acompañados por altos funcionarios de la administración municipal y 30 civiles quienes procedieron a arrancar los cultivos. De modo paralelo, la empresa acusaba a quienes apoyaban a los indígenas (p.ej., la Fundación Colombia Nuestra y entidades públicas como la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del interior y la Consejería de Derechos Humanos) de tener intereses políticos, con lo cual buscaba deslegitimar las reclamaciones en su contra.
Aparte de la ocupación de predios que se ha sostenido en el tiempo, los Nasa señalan que han invertido recursos públicos en las fincas en disputa, como -por ejemplo- la caseta comunal construida en El Diamante en 1992, lo cual se hizo con fondos del Plan Nacional de Rehabilitación, contrario a la presencia de la empresa que se limitaba a un mayordomo y al rancho en que este vivía.
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