La Contraloría General de la República (2018) publicó un informe de la auditoría de cumplimiento al Proyecto río Ranchería, relacionando los hechos relevantes durante las fases de diseño y de construcción, lo cual contempla las características del proyecto, sus costos estimados (y los sucesivos cambios en el monto total), así como el cambio en el titular de la licencia habida cuenta de la liquidación del INCODER, con lo cual la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) pasó a controlar el proyecto, estando esta última en una fase de transición que le impide dar "solución en el curso de un año de toda la problemática planteada, razón por la cual se han priorizado acciones para continuar los proyectos que se encuentran en ejecución, solucionar problemas puntuales en distritos que tienen amenazada su existencia", entre otras medidas de choque (ver P.6).
En relación con los resultados de la auditoría, el ente de control refiere un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, toda vez que los fines del proyecto no se cumplieron, en particular "la construcción de los sistemas de riego, drenajes y vías a nivel principal, secundario y predial[, que] no fueron contemplados ni presupuestal ni financieramente", por lo que a la fecha del informe estas obras no se habían concretado (P.12). También refiere el incremento en el valor global del proyecto que de $177.100 millones COP pasó a costar $637.369,4 millones COP, señalando -además- que si bien "las obras construidas se encuentran operando para la regulación del caudal del río Ranchería y en un adecuado mantenimiento", a lo cual añade el estado de avance de "las obras de ampliación y optimización de la planta de tratamiento de agua potable de Metesusto (...) aún no se ha conectado a la conducción del río Ranchería (...) dando abastecimiento de agua potable a algunos de los municipios planteados en las necesidades de los objetivos del proyecto, sin que se cubran los más alejados de la zona de la presa como son Uribia, Maicao, Manaure, Albania y Barrancas" (P.15).
Este hallazgo lleva a la Contraloría a estimar un presunto daño patrimonial por $637.396,4 millones COP (P.16), a lo cual se suma otro, este de tipo administrativo con posible incidencia disciplinaria durante la puesta en marcha de la Fase II del Proyecto, en el que se identificaron "algunas contrataciones por valor de $10.983,7 millones de pesos [que] no fueron eficientes ni eficaces, para lograr los resultados esperados" (ver Pp.16-18). Adicionalmente, encontró irregularidades en el archivo y la gestión documental de la información relacionada con el proyecto cuando esta pasó a manos de la ADR, la cual no se encontraba organizada y conservada según la norma (dificulta la trazabilidad), así mismo, en lo que tiene que ver con los avances en la cobertura de acceso al agua potable de la comunidad Wayuu, constatando el incumplimiento de lo ordenado por la CIDH en 2015, lo cual afecta derechos fundamentales, entre otros hallazgos.
Correo Electrónico
DNINFOA - SIA
Bibliotecas
Convocatorias
Identidad U.N.
