La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en 2003 a favor de los miembros de los Consejos Comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó debido al riesgo de ser desplazados forzadamente y por las amenazas a su vida e integridad (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003). Estas medidas fueron una respuesta a las demandas jurídicas presentadas por organizaciones como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP). La emisión de estas medidas provisionales solicitó al Estado colombiano la adopción de acciones específicas para proteger a la población y garantizar la investigación de los responsables (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003). La emisión de estas medidas provisionales solicitó al Estado colombiano la adopción de acciones específicas para proteger a la población y garantizar la investigación de los responsables (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003).