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| Choque de versiones sobre reasentamientos de afectados por El Quimbo | Las reuniones preparatorias para la audiencia pública de seguimiento al proyecto El Quimbo iniciaron en Altamira, donde el vocero de Emgesa señaló que la empresa construye un reasentamiento colectivo para 50 familias en la zona conocida como Llano de La Virgen, en el que residirán familias de la comunidad de La Escalereta. Según él, la construcción tuvo una inversión cercana a los $18.500 millones COP, a los que se suman $1.200 millones de COP que se le han entregado al municipio para el desarrollo de proyectos sociales (Sánchez, 2016). Las afirmaciones contrastan con lo reportado en El Agrado, donde la comunidad manifestó su preocupación por el incumplimiento de Emgesa respecto al pago de las compensaciones económicas y de infraestructura, denunciando -además- que no cuentan con suministro de agua en los reasentamientos, hecho del que la empresa responsabiliza a la CAM por haberles autorizado un tramo insuficiente de agua (La Nación, 2016). Por su parte, habitantes de Gigante denuncian que no se ha actualizado el Esquema de Ordenamiento Territorial, lo cual afecta a quienes han sido reasentados como, por ejemplo, el "reasentamiento de Montea que se encuentra a diez metros de una tubería de la petrolera Emerald", sin que se hayan hechos estudios de vulnerabilidad y riesgo, ni mucho menos su socialización. De igual modo, denuncian que Emgesa no concertó ni facilitó la participación al momento de escoger las actividades productivas, varias de las cuales no se adaptan a la vocación local (p.ej., proyectos ganaderos en sustitución de la pesca artesanal), así mismo, "que el distrito de riego con el que cuentan en este momento presenta serias irregularidades en sus diseños, situación que impide su funcionamiento" (Gobernación, 2016). Similares posturas se escucharon en Paicol, donde se recalca la destrucción de cadenas productivas y de la biodiversidad, acompañada del deterioro del agua y el empobrecimiento de la población, con afectaciones psicológicas como se aprecia con "los reubicados del sector Domingo Arias, que por su traslado han sentido sus derechos vulnerados y piden además una revisión de las compensaciones económicas que creen han sido escasas” (JEA, 2016). |
10/10/16 | 15/10/16 | Ver |
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