Frente a las causas de la contingencia, una auditoría de la CGR en 2018 señala que “Ecopetrol omitió dentro de los planes de integridad de la Gerencia de Mares para las vigencias 2016 a 2018, actividades específicas para mitigar los riesgos de incidentes operacionales por falla de integridad del pozo Lisama 158” (2018, p.25), agravado por una intervención en el pozo en noviembre de 2017 en donde ocurrió un incidente operacional que no tuvo un debido seguimiento y control.

Por su lado, la ANLA inició un proceso sancionatorio contra Ecopetrol (Auto 1296 de 27-MAR- 2018) basado en evidencia que indica –entre otros– que dicha sociedad no activó el plan de contingencia, ni controló la contingencia de manera adecuada; obstaculizó la actividad de seguimiento de la contingencia por parte de la ANLA; afectó la quebrada La Lizama y el Caño La Muerte en un área aproximada de 24 km lineales, y 20 km en el río Sogamoso; y puso en riesgo dos acuíferos (libre y semiconfinado). Además de los impactos ambientales generados por el derrame estimado en 550 barriles netos de crudo (87.4 m3), para agosto de 2018 se habían ocasionado gastos por $49 604 millones de pesos, de $102 179 millones que Ecopetrol ha suscrito en contratos para atender la emergencia (CGR 2018).