Según datos del ministerio de ambiente (DP, 2010, p. 47), para 2009 se habían otorgado 391 concesiones mineras en zona de páramo que sumaban 109 mil hectáreas, siendo Santurbán el más concesionado con 23.380 ha (44 títulos). “Hacia fines de 2010, menos de un cuarto de los títulos mineros emitidos se sometieron a alguna forma de autorización ambiental”, y las adjudicaciones [hacia 2014] se encontraban entre el 16% y el 32% en zonas de importancia ambiental (OCDE, 2014, p. 14).

La Contraloría encontró que, a pesar de que Ingeominas presentó un nuevo Catastro Minero (herramienta indispensable para el conocimiento, control y seguimiento de la titulación minera del país), “éste no operó de manera adecuada, lo que en gran medida causó los graves problemas que originaron la suspensión de la ventanilla de solicitudes de títulos mineros” en 2011 (TAC, 2018, p. 91). Ese mismo año, el gobierno entrante de Santos crea la Agencia Nacional de Minería (ANM) la cual reasume la fiscalización, función que continúa desatendida y desprovista de indicadores, mientras la liquidación de las obligaciones económicas y tributarias de las empresas extractivas continúa basándose en la información brindada por las mismas (Fierro 2012a; Pardo, 2013; Pardo, 2014; CGR, 2017).