La demanda se hizo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), Tribunal internacional de arbitramento y órgano del Banco Mundial (BM), cuya participación en el caso fue cuestionada pues una de las instituciones afiliadas al BM, su división de inversiones privadas, la IFC (International Finance Corporation), fue accionista clave de la compañía GreyStar –luego llamada Eco Oro (Proyecto Angostura)– entre 2009 y 2016, año en el que vende su participación (10%) aduciendo motivos económicos (Semana Sostenible, 2016). 

 Según múltiples fuentes, la venta accionaria obedeció realmente a la queja interpuesta ante la CAO (2012) –mecanismo independiente de rendición de cuentas del BM– por la sociedad civil y el apoyo de varias ONGs internacionales sobre las afectaciones sociales y ambientales del proyecto Angostura, aspectos que fueron ignorados y a los que debe atender dicho órgano (Fierro 2012; AIDA, 2016; Corporate Europe Observatory et al., 2019) . En 2019, los árbitros del CIADI rechazaron la solicitud del Comité para la defensa de Santurbán y sus organizaciones aliadas para proveer evidencia sobre cómo este caso puede afectar los DD.HH. (Corporate Europe Observatory et al., 2019).

 Eco Oro aseguró haber invertido USD$ 250 millones , pero reclamó USD$ 764 millones por los perjuicios causados por la "expropiación indirecta e ilegal, y el trato injusto y no equitativo" de parte del Estado colombiano , al amparo de lo dispuesto en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia (Ley 1363 de 2009), declarado exequible por la CC (Sentencia C-608 de 2010). En 2021, el CIADI encontró a Colombia culpable de “Expropiación ilegal, progresiva e indirecta de la inversión” en el caso de la empresa Eco Oro (CIADI, 2021, p.387) y el monto a pagar aún no ha sido revelado, mientras que las otras demandas continúan.