En consecuencia, y ante el antecedente aún fresco en la memoria de la “tragedia de Mocoa” de 2017, múltiples sectores de la sociedad civil, organizaciones indígenas y sociales, colectivos ambientales, la Diócesis de Mocoa y la administración municipal, entre otros, encendieron las alarmas y desplegaron una serie de acciones para hacer frente a la amenaza minera. Entre ellas se cuentan: la “Gran movilización social en defensa del territorio y el agua” en 2018; el Acuerdo 020 de 2018 del Concejo Municipal de Mocoa que prohíbe la minería a mediana y gran escala; la Audiencia Pública Senatorial Ambiental, Por la Defensa del Agua y el Territorio: Putumayo somos Amazonía, realizada el 12 de abril de 2019 (Asoc. Minga, 2019); y el “Festival Agua, Montaña y Vida” con dos ediciones en 2022 y 2023 (Carvajal, 2022; Asoc. Minga, 2023).

 En 2023, de acuerdo con el colectivo ambiental Guardianes de la Andino-Amazonía (Oficio a MinAmbiente del 05-OCT-2023), que participó junto a otros sectores de la sociedad civil en espacios de diálogo con altos funcionarios de MinMinas, MinAmbiente, la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, entre otros, a propósito del conflicto generado por el Proyecto Mocoa de Libero Cobre, se suscribieron los compromisos (que no registran avances) de 1) reconocer la importancia ecológica de la andinoamazonia; 2) abrir un espacio para coordinar el ordenamiento en torno al agua; y 3) “instalar una Mesa de concertación y diálogo intersectorial e interministerial con el fin de iniciar un plan de acción que permita dar cumplimiento y seguimiento a las propuestas alternativas a la explotación minera presentadas”.